Parlamentarios exigen respetar fecha para elección de gobernadores regionales
Según aseguran en una carta, posponer el proceso sería una violación a nuestra Constitución que causaría "consecuencias políticas e institucionales catastróficas".
A través de una carta, un grupo conformado por 81 parlamentarios y 280 dirigentes sociales pidieron al Gobierno y al resto del Congreso respetar la fecha de la elección de gobernador regional pactada para el 11 de abril del 2021. Según indicaron, la actual pandemia por el COVID-19 no sería una justificación suficiente para posponer nuevamente el proceso.
“Exigimos respeto a elección de gobernadores regionales”, enfatiza el grupo en el documeto, señalando que “aprovechando la crisis global de la pandemia del coronavirus y las postergaciones que se han acordado al calendario electoral, se han alzado ahora voces que pretenden que la Constitución vigente, que contempla la figura de un Gobernador/a Regional electo en cada región del país, quede sin aplicación“.
Una suspensión que a juicio de los firmantes, “nos parece simplemente inaceptable”.
Dentro de los parlamentarios firmantes aparecen los senadores Carmen Gloria Aravena (Ind.), Francisco Chahuán (RN), Ricardo Lagos Weber (PPD), Adriana Muñoz (PPD), Giorgio Jackson (RD), Ximena Rincón (DC) y Camila Vallejo (PC), ente otros.
Consecuencias democráticas de una nueva fecha
Según los parlamentarios, decretar una nueva fecha para la elección de gobernador regional traería serias consecuencias para la democracia de nuestro país, sobre todo porque su celebración durante el 11 de abril del 2021 quedó establecida constitucionalmente, tras una discusión previa en el Congreso.
De acuerdo al documento, “nos parece que incumplir la Constitución vigente con el pretexto de que ella podría ser modificada en el futuro, es una falta de rigor republicano e institucional que puede tener consecuencias políticas e institucionales catastróficas“.
También explicaron que hasta el momento se quiere retrasar la elección de gobernador regional, pero que de admitirse se podría extender a otros procesos eleccionarios.
“¿Qué ocurriría si otros comienzan a extender el argumento a las elecciones de alcaldes (as), parlamentarios/as o del propio Presidente de la República? Razones habría, pero es obvio que resultaría dañino al respeto a las instituciones, al espíritu republicano y al Estado de Derecho”, concluyeron los parlamentarios y dirigentes sociales.
