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Actualizado el 19 de Junio de 2020

Los efectos en las municipalidades de la saturación hospitalaria en centros de atención primaria

El presidente de la Comisión de Salud de la AChM detalla cuánto dinero han debido desembolsar las municipalidades para implementar espacios de atención para pacientes con coronavirus.

Por Hernán Claro
atención primaria COVID
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Hasta el Cesfam sur de La Granja, ubicado en el paradero 23 de Santa Rosa, llegó el lunes recién pasado Víctor Soto (80), un paciente COVID-19 positivo como los más de 225 mil que han contraído la enfermedad en nuestro país. Sin embargo, este hombre tuvo un tratamiento distinto al de otros enfermos y desde que ingresó no abandonó dicho centro de atención primaria.

Soto, según contó en el matinal Buenos Días a Todos de TVN, se presentó pensando que sería rápidamente trasladado hasta algún hospital cercano, ya que tenía dificultades para moverse y respirar. Sin embargo, la hospitalización que pensó que tendría fue suplida con una internación prehospitalaria en el propio Cesfam de La Granja.

Así, estuvo dos días internado en lo que antes era una oficina y box de atención para matronas, espacios que en poco tiempo se convirtieron en una sala de hospitalización para pacientes con coronavirus.

Entre las sillas y mesas desocupadas, Soto recibió oxígeno, una cama clínica, la atención de médicos y enfermeras hasta que superó las complicaciones del COVID-19 y recibió el alta médica para continuar su cuarentena en la casa.

El tipo de atención corresponde a lo que las autoridades han llamado “red de prehospitalización COVID-19” que desde fines de marzo comenzaron a montar algunos municipios del país de mayor demanda hospitalaria -tales como La Granja, La Florida y Puente Alto- en sus respectivos centros de atención primaria.

De hecho, según dijo el subsecretario de Salud Pública, Arturo Zúñiga, este tipo ajustes en la atención primaria son parte del plan nacional para enfrentar el COVID-19.

“Hay unidades de urgencia en la atención primaria como los Servicios de Alta Resolutividad (SAR), entre otros, que cuentan con redes de oxígeno y están consideradas para dar atención a la espera de un cupo hospitalario. El paciente mientras antes reciba un tratamiento, menor es la probabilidad de que requiera algo más invasivo“, detalló Zúñiga en el balance diario entregado ayer.

El impacto en los municipios

Desde la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipal (Confusam) explicaron que este tipo de prestaciones van más allá de la competencia de los trabajadores de la atención primaria, quienes no estarían capacitados ni contarían con los implementos de seguridad necesarios para realizar este tipo de atenciones prehospitalarias a pacientes con COVID-19.

“Lamentablemente estamos asumiendo una función que no nos compete como atención primaria”, cuestionó Gabriela Flores, dirigenta de la Confusam.

Una problemática que el alcalde de La Granja y presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Felipe Delpin, reconoció en conversación con EL DÍNAMO y dijo que “efectivamente no estábamos preparados para esto”.

Sin embargo, advierte que “no hay otra opción, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué nuestros vecinos mueran ahogados en sus casa? Porque eso ha sido así“.

“Lo que ofrecemos es la posibilidad de ser trasladados a un centro de salud familiar -Cesfam- donde reciban oxígeno y lo más graves que sean llevados al hospital. Créeme que hemos salvado vidas ampliando la atención primaria, hay muchos que les hemos aliviado el dolor de estar contagiado con el COVID. Hay días donde hemos ocupado el 70% de nuestras camas de 100 que hay en La Granja”, complementó.

Los esfuerzos para montar las improvisadas salas y mejorar la salud municipal han sido grandes, ya que según contó Delpin, desde la irrupción del COVID-19 en La Granja se han gastado más de $1.300 millones sólo en implementación y tratamiento de la enfermedad. Estos recursos se usaron, por ejemplo, para comprar oxígeno, camas clínicas, insumos médicos y también elementos de protección personal.

Eso sí, de acuerdo a Delpin, los $1.300 millones no salieron íntegramente del presupuesto de La Granja, sino “de la inyección de recursos que efectuó el Estado a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) con $570 millones, y también, otros $500 millones llegaron desde la Intendencia de la Región Metropolitana para el Departamento de Salud Municipal”.

Pese al alto costo del combate contra el COVID-19 y el gasto municipal que implica contar con un Cesfam acondicionado para las prehospitalizaciones, Delpin llamó, en su rol de presidente de la Comisión de Salud de la AChM, a que otros municipios se sumen y hagan la conversión de los espacios.

“Nos hemos reunido con distintos alcaldes y sus departamentos de salud y lo están implementando, esperamos que se sumen más municipios porque es un buen soporte para nuestros vecinos, sobre todo para quienes tengan cuadros respiratorios”, concluyó el alcalde de La Granja.

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