Qué están haciendo las cárceles chilenas frente al COVID-19

La pandemia del coronavirus COVID-19 ha motivado que se tomen una serie de medidas en las cárceles chilenas, con el fin de evitar un brote importante entre las personas que se encuentran privadas de libertad.

Fue el 29 de marzo que Gendarmería confirmó el primer recluso contagiado con el virus, quien se encontraba recluido en la Cárcel de Puente Alto.

De acuerdo a lo informado por la institución, hasta el pasado 22 de junio se registraban 1.570 contagiados en las cárceles, de los cuales 860 corresponden a funcionarios de la institución y 710 son reclusos.

Asimismo, detallan que desde el inicio de la pandemia, hasta la mencionada fecha, se han registrado ocho fallecidos, dos funcionarios y seis reos.

El subdirector operativo de Gendarmería, Pablo Toro, explicó a EL DÍNAMO que al analizar las “cifras de contagios y fallecidos en las cárceles, hay una diferencia abismal con la de otros países. Chile ha sido pionero en tomar la iniciativa, recoger las recomendaciones sanitarias y dentro de todas las posibilidades que hay -considerando el hacinamiento y otros aspectos- hemos logrado llevar a cabo las instrucciones sanitarias”.

Toro sostuvo que Gendarmería ha recibido consultas de otros países para que los orienten sobre qué están haciendo ante la emergencia del COVID-19.

En esa línea destaca que “el Estado de Chile, y la sociedad ha enfrentado esto con muchos cambios” y que al no haber información concreta sobre la enfermedad “todas las medidas son constantemente evaluadas y si hay nuevas recomendaciones disponibles, Gendarmería la va a buscar para salvaguardar a su personal y a la población penal, porque aquí el eje principal es salvar vidas”.

El paquete de medidas

Desde que estalló con fuerza la pandemia en nuestro país, la institución y el Ministerio de Justicia han adoptado una serie de medidas para frenar los contagios de la población penal, entre ellas se encuentran la suspensión de visitas; la creación de un protocolo de aislamiento para cada recinto en caso de sospecha o confirmación de contagio, además de traslados a hospitales en caso de ser necesario.

Toro informó que se han elaborado planes de acción para la atención de adultos mayores que se encuentren privados de libertad; además de contar en todas las cárceles con los elementos de protección como mascarillas, guantes, dispensadores de jabón, termómetros infrarrojos y alcohol gel.

En ese contexto, se realizan sanitizaciones de los espacios de los recintos penitenciarios y carros de traslados. También se suspendieron los movimientos interpenales, a menos que sean de estricta necesidad de seguridad, implementación de audiencias y visitas por videoconferencias.

Gendarmería estableció una red de 1.749 plazas intra penitenciarias de aislamiento en caso de brote. Así como también se ordenó que se realicen pautas de prevención de contagios, tanto para personal de la institución como para los reclusos.

Mientras que el Gobierno también impulsó la ley de Indulto Conmutativo, el que benefició a cerca de 1.300 reos, a quienes se permitió cumplir sus penas con arresto domiciliario total, con el fin de descongestionar los recintos penales. Los principales beneficiados fueron adultos mayores, mujeres embarazadas, madres de hijos pequeños y reos de baja peligrosidad.

Cuestionados traslados

El pasado lunes se confirmó que 79 reos que fueron trasladados desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Santiago 1 hasta el Complejo Penitenciario de Rancagua, estaban contagiados con COVID-19.

Este tipo de traslados son parte de las medidas de reducción de hacinamiento de los recintos penitenciarios del país, con el fin de evitar brotes de contagios.

Esta medida en particular ya ha causado polémicas similares, como la registrada el 16 de junio, cuando vecinos de la cárcel de Huachalalume, en la Región de Coquimbo, se manifestaron por el traslado de reos desde Santiago, quienes fueron diagnosticados con COVID-19.

Sobre la cuestionada medida, Pablo Toro sostiene que la institución “ha tomado la iniciativa de trasladar a internos a recintos penales con capacidad fijando tres criterios primordiales. El primero es el sanitario,  que nos sirve para descongestionar los recintos penales, lograr la distancia física y tener un aislamiento efectivo”.

“El otro criterio es importante que se toma en cuenta es desde el punto de los Derechos Humanos, ya mejora habitabilidad , ya que al haber menos personas en los recintos, se logra una ocupación eficiente de los espacios disponibles”, sostuvo.

Asimismo, argumentó que “al mejorarse esas condiciones, nosotros logramos que el interno tenga una cama donde poder descansar, donde poder dormir, porque si hay recintos que están hacinados se puede cumplir, pero con mucho esfuerzo”.

El último criterio, según lo relatado por el subdirector operativo de la institución, mejora las posibilidad de mantener un ambiente seguro en las cárceles, ya que al existir menos población penal se pueden emplear de mejor forma las medidas de seguridad.

Consultado sobre por qué no se toman los exámenes PCR antes de trasladar a los internos, y evitar situaciones como las ocurridas en Rancagua y Coquimbo, Toro explica que el protocolo señala que sin importar de dónde sean llevados los internos, éstos deben cumplir una cuarentena de 14 días antes de ser ingresados con el resto de la población penal.

“Cada penal fue instruido para contar con sectores de aislamiento para los nuevos ingresos (…) efectivamente funcionó esta modalidad”, ya que gracias a ella se lograron “contener contagios”, explicó la autoridad de Gendarmería.

Sin embargo, y pese a que argumenta que es efectivo, informó que “desde ahora en adelante se ha determinado, por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que para todo traslado de internos se debe realizar previamente el examen de PCR”, lo que también estaría coordinado con el Ministerio de Salud.