El polémico proyecto “Justicia para Antonia” en la mira de los expertos

El caso de Antonia Barra ha causado un gran impacto a nivel nacional, el cual se acrecentó la última semana, debido a la formalización Martín Pradenas, sindicado como autor de la violación que motivó el suicidio de la joven.

Esta audiencia trajo consigo una serie de polémicas y dudas, sin embargo también motivó a que un grupo de diputadas -junto a familiares de Antonia- presentaran un proyecto de ley “Justicia para Antonia”, el que busca aumentar las penas para quienes cometan delitos de violencia de género y ampliar las redes de apoyo para las mujeres que sufren de ataques de distinta índoles en el país, promoviendo su protección.

En ese contexto, la iniciativa pretende que los agresores sean considerados como un peligro para la seguridad de la víctima, por lo que propone a aplicar la medida cautelar de prisión preventiva en todos los casos. Además, promueve que los agresores queden de por vida con orden de alejamiento de la víctima.

El proyecto provocó variadas reacciones, y críticas, precisamente por estos últimos puntos, que según el ex subsecretario de Relaciones Exteriores y actual académico de la Universidad Central, Edgardo Riveros, deben ser analizados.

“Esta suerte de obligación del juez de decretar a todo evento la prisión preventiva para una persona que esté siendo imputada por un delito de esta naturaleza”, argumentó Riveros, destacando  que el punto más complejo de ese apartado en  particular, tiene que ver con la colisión con el principio de inocencia de los acusados.

“Una persona no es culpable hasta el momento que es condenada, por lo tanto la prisión preventiva -siempre excepcional- tiene que ser decretada luego de un análisis particular de las circunstancias, los hechos y los riesgos que se pueden generar si esa persona está en libertad mientras esté en marcha la investigación”, indica.

El ex ministro sostuvo que este principio tiene consagración constitucional, en los tratados internacionales a los que Chile está obligado, y particularmente en estas circunstancias, a la Convención Interamericana de Derechos Humanos de 1969.

Además, argumenta que el ordenamiento penal establece con precisión la facultad del juez para decretar en una situación particular esta medida cautelar, en los casos que se den las circunstancias.

Riveros indica que ya está consagrado y es considerado en las leyes el peligro que puede significar para las víctimas -y la sociedad- la libertad del imputado, por lo que es tomado en cuenta por los magistrados.

“Restringir esa libertad que tiene el juez para ponderar los hechos, en el caso particular, a mí me parece altamente riesgoso”, insistió.

Digno de analizar

La iniciativa “Justicia para Antonia” también propone extender el plazo de prescripción del delito de abuso sexual de 5 a 10 años, tomando en consideración la gravedad  y el tiempo que las víctimas necesitan para tomar la decisión de denunciar.

En relación a este punto, Riveros explica que éste puede ser perfectamente estudiado, tomando en cuenta la naturaleza del delito.

Un escenario más complejo es el punto en que el proyecto propone capacitaciones y formación de las y los jueces, en materias relacionadas con las perspectivas de género en el proceso penal, que eviten la revictimización, los estereotipos y fomenten una protección especial de las víctimas de violencia de género.

“Habría que ver de qué manera eso se lleva a la ley, o si es posible hacerlo a través de la propia normativa existente por vías distintas a la necesidad de una ley. El hecho es sí es interesante y digno de revisar”, complementó.

Uno de los hechos que marcó la atención en la formalización de Martín Pradenas fue la discusión en torno a la exposición de las identidades de las víctimas a la prensa y la sociedad, lo que finalmente fue concedido por la Corte de Apelaciones, evitando que los nombres de las denunciantes fueran de conocimiento público.

El proyecto “Justicia para Antonia” también quiso apuntar hacia esa arista, solicitando la restricción de la divulgación de información sensible de la víctima durante los juicios o audiencias.

Sobre esto, Riveros sostiene que hay que idear una forma en la que se concilie esta idea con las normas que ya existen en materia de divulgación de información mientras el caso está en proceso.

Por otra parte, el jurista también se refirió al punto  que tipifica la figura del delito de incitación al suicidio, y agrega el hecho del suicidio como un nuevo elemento a tener en consideración al momento de determinar la cuantía de la pena.

“Eso es un elemento esencialmente de prueba, que hay que verlo en función de ese elemento en específico”, concluyó.

Fuera de foco

Incluso, en un principio, algunas de las propuestas contenidas en el proyecto “Justicia para Antonia” fueron criticados por organizaciones feministas, desde donde señalaron que las medidas deben estar bien enfocadas, ya que un aumento de penas no significa una disminución en los delitos.

Sin embargo, también se valoró el hecho de que se aplicaran las modificaciones y se tomaran en cuenta los reparos entregados desde las organizaciones.

“Celebramos siempre todas aquellas iniciativas, y valoramos todos los esfuerzos, que tengan como objeto establecer medidas para erradicar la violencia que día a día sufren las mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+”, señaló a EL DÍNAMO, Rebeca Zamora , directora de litigación estratégica Abofem.

Mientras que Carolina Sepúlveda, subdirectora de Derecho Penal de Abofem sostuvo que “nos parece que el enfoque que se ha dado al proyecto “Justicia para Antonia” ahora es el correcto, porque se dirige a un camino de medidas más preventivas y de protección de la víctima antes que medidas solamente punitivas”.

“Tenemos que entender que la violencia sexual y la violencia contra la mujer, en general, es una cuestión que no va a terminar simplemente por aumentar las penas asociadas a estos delitos. De lo que se trata acá es permitir que las mujeres que sean víctimas de estos delitos puedan tener un acceso real a la justicia, reparación y protección”, agregó. 

“Nos parece que hacía es donde tiene que ir toda modificación legal. Tenemos que pensar en cambios estructurales y profundos al sistema de administración de justicia, entre otras cosas. Nos parece muy positivo”, concluyó la subdirectora. 

Finalmente, Zamora argumentó que está comprobado que “el aumento de penas, castigos e incluso el establecimiento de la pena de muerte no sirve para erradicar la comisión de los delitos, porque hay una serie de factores que inciden en esto (…) es importante que esto no haga con un enfoque punitivista, sino que más bien en un enfoque a la prevención”.