“Tintes expropiatorios”: las primeras críticas a proyecto que busca nacionalizar las pensiones

Si bien el retiro del 10% de los fondos de las AFP es un tema ya zanjado, la discusión previsional recién comenzó. Se espera que la próxima semana en el Congreso continué el análisis del proyecto que busca nacionalizar las pensiones, iniciativa que ya cuenta con críticas respecto a un posible expropiación de los ahorros.

Se trata del proyecto que deroga el Decreto de Ley 3.500 que establece un sistema de pensiones. La iniciativa fue presentada por los senadores Alejandro Navarro (PRO), Juan Ignacio Latorre (RD), Alfonso De Urresti (PS), Yasna Provoste (DC) y Ximena Órdenes (IND) el pasado 29 de abril y, entre otros, propone nacionalizar los fondos de pensiones, una idea que ya genera críticas.

Luego de que se informara que el proyecto volvería a discutirse en la Comisión de Constitución, el diputado DC Miguel Ángel Calisto acusó una contradicción en el discurso. “Cuando aprobamos 10% de retiro le dijimos a los chilenos que los fondos son de ellos. ¿Los vamos a volver a monopolizar?“, cuestionó el parlamentario en su cuenta de Twitter.

“Yo creo en alternativas: Sistema privado corregido; Estado, y Cooperativa pensiones. No tenemos por qué imponer nuevamente un sistema. Que la gente elija”, agregó el diputado.

Consultado por EL DÍNAMO respecto a su crítica de la nacionalización de los fondos de pensión, Calisto ahondó en sus diferencias: “No conozco el detalle del proyecto, he visto lo que ha salido en la prensa, pero el interés que tienen algunos parlamentarios de oposición de discutir un proyecto con tintes expropiatorios… opino que más que destruir un modelo de pensiones, se debe corregir el existente”, indica el diputado.

“La alternativa expropiatoria a mi juicio no es una alternativa porque no contribuye a mejorar las pensiones de los chilenos, incluso tiene el efecto inverso”, agrega Calisto en referencia a la nacionalización de las pensiones.

Para el diputado DC, el modelo chileno previsional debiera girar hacia un sistema mixto, que considere aumentar la capitalización individual, la cotización que paga el empleador, y que se considere un aporte del Estado en la cotización. “Respecto a las AFP, creo que siempre se tiene que garantizar la libertad al contribuyente“, explica.

“Defendí el retiro del 10% de los fondos como manera excepcional ya que, cuando uno enfrenta una crisis, ve la posibilidad de usar sus ahorros. De la premisa de que los ahorros son de las personas –no del Estado ni de las AFP–, creo que debieran existir tres alternativas: una entidad estatal que administre las pensiones, un fondo privado similar a lo de hoy -una AFP corregida-, y las cooperativas donde cada chileno que se sume pueda ser socio”, cuenta Miguel Ángel Calisto.

“Se llame AFP o cómo se llame, creo que el sector privado puede ser una alternativa para muchos chilenos que quieren ahorrar en entidades privadas. Hay personas que le acomoda el sistema privado y me parece sumamente legítimo. Un Estado democrático debe garantizar que exista esa alternativa, pero sin descuidar otras en un sistema corregido”, concluye el diputado DC.

“No ha leído el proyecto”

La propuesta de derogar el DL 3.500 había comenzado su discusión en la Comisión de Constitución del Senado –instancia en la que De Urresti es presidente– en mayo, pero por la contingencia y prioridad de otros proyectos se aplazó el debate. Sin embargo, Alejandro Navarro, uno de los senadores detrás de la iniciativa, confirma a EL DÍNAMO que el estudio se retomaría en agosto.

Consultado por las aprehensiones de Calisto a la eventual nacionalización de los fondos, el senador Navarro asegura que “parece que el diputado no ha leído el proyecto. Lo que hace este proyecto es instalar en la Constitución de la República el derecho de protección social, generando una política de Estado a través de la figura previsional. No se apropia de los fondos de los trabajadores. Me parece que quienes han secuestrado por 40 años los ahorros de los trabajadores son las AFP”.

“Lo que hacemos es cambiar la administración y generar una institucionalidad pública de la administración de los fondos en dónde los ahorros de los trabajadores se conservan para cada cual, no se alteran. Cada trabajador lleva su cuenta individual y concurre con su propiedad a participar de un fondo universal que tiene la base de acceso con su plata”, explica Navarro.

En esa línea, el senador asegura que “lo que ha aportado los trabajador permanece para ellos y se suman a un fondo universal solidario”.

Respecto a la nacionalización de las pensiones, Navarro aclara: “Yo hablaría más de la desprivatizar la administración de los fondos de pensiones, que es recomendación de la OIT tras el fracaso del sistema”. Asimismo, aseguró que el proyecto de ley “no hay expropiación“.

“El padre de este término (de expropiación) es Andrés Allamand, hoy canciller, y tal vez Allamand tiene una obsesión o fijación con la década del 70′ cuando el concepto de expropiación se utilizaba cuando Chile recuperó el cobre y nacionalizó el cobre. Hoy Codelco aporta miles y millones de dólares a la economía nacional, es el principal sustento del presupuesto de la Nación. Es el sueldo de Chile”, afirma el senador.

Agrega: “La connotación negativa que se le pretende dar es de ‘se le van a quitar sus fondos a alguien sin pagarle’. Aquí no hay expropiación, los fondos siguen siendo de los trabajadores, pero cambia la administración. No hay ninguna posibilidad de que el Estado disponga estos fondos para sí y menos para campañas políticas, una fake news que se ha construido para desprestigiar el proyecto”.

Para Navarro, toda esta situación “es una campaña burda, una campaña del terror, que evita profundizar el diálogo y el análisis sobre los problemas graves de las AFP y las miserables pensiones. Allamand no busca debatir sobre ello, sino que etiquetó el proyecto como de expropiación. Afortunadamente, no prendió”.

La experiencia de Argentina

En octubre de 2008, la entonces presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, firmó el proyecto de ley por el que se eliminó el sistema privado de pensiones, pasando todos los fondos a la gestión estatal, pasando a integrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)

El Gobierno aseguró que la nacionalización de los fondos buscaba garantizar las pensiones de casi 9,5 millones de afiliados a las AFJP (sistema privado de pensiones), cuya capitalización fue afectadas por la crisis financiera y la baja del valor de sus activos.

Según expuso el economista argentino Lui Beldi en una columna de opinión en Infobae, el FGS creció a un ritmo de 2,1% anual entre 2010 y 2015, mientras que en 2016 aumentó en 13,5% y en el primer semestre de 2017, 8,9%.

Sin embargo, según Beldi, después de la estatización el dinero de los jubilados se utilizó para financiar planes de viviendas, la venta de bonos en dólares y un plan para que la gente compre calefones a precios subsidiados.

“Los jubilados financiaron políticas populistas y hasta le prestaron dinero al Tesoro a tasas ridículas de 4% anual”, indicó el economista.

Según el último Índice Mundial de Pensiones de Mercer Melbourne, Argentina se encuentra en los peores lugares del ránking con 39.5 puntos.