La cuestionada investigación del caso de Anaís Godoy, la joven que se suicidó tras ser violada en Vicuña

Exactamente tres meses han pasado desde la muerte de Anaís Godoy, una joven de 16 años que se suicidó luego de que la Fiscalía decidiera archivar la investigación por una violación que sufrió en una celebración de Fiestas Patrias, en Vicuña en 2018.

Los hechos ocurrieron en la Pampilla de San Isidro de Vicuña cuando la joven tenía 14 años y se encontraba celebrando con su familia y amigos. En medio de la noche del 18 de septiembre, la menor se separó del grupo y fue llevada por un sujeto hasta un cerro cercano, donde abusó sexualmente de ella.

Ángela Ramírez, prima de la fallecida, contó a EL DÍNAMO que el acusado era la pareja de una amiga de Anaís y que para lograr engañarla y apartarla del grupo, le señaló que quería hablar con ella respecto a diversos comentarios negativos que le había hecho su pareja.

Anaís llegó junto a sus padres hasta la Policía de Investigaciones (PDI) para denunciar el hecho un mes después, luego de recibir múltiples amenazas por parte de su agresor, quien le señalaba que si lo denunciaba él negaría todo señalando que ella accedió a tener relaciones sexuales.

Ese mismo mes de 2018, Godoy llegó hasta el Ministerio Público para entregar su declaración, pero se decidió archivar el caso por falta de pruebas en mayo de 2019.

Ante la decisión de la Fiscalía, Anaís Godoy se sumió en una fuerte depresión que terminó por llevarla a quitarse la vida el 28 de junio de este año.

Tras la muerte de la joven, la Fiscalía volvió a abrió nuevamente la investigación, ordenando peritajes en el sitio del suceso como tomas de fotografías para reunir pruebas que ayuden a acreditar o descartar la existencia del delito, así como también la participación del acusado.

Asimismo, se ordenaron otras pericias solicitadas por la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem) de Coquimbo, las que buscan indagar la carta que dejó la adolescente antes de morir, además de oficiar a las instituciones que la atendieron luego de haber sufrido el ataque sexual, como la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos.

Respecto a esto último, Ramírez reveló que luego de que la joven declarara fue atendida por una psicóloga de dicha unidad, quien recomendó que se realizaran los peritajes por parte del Servicio Médico Legal. Sin embargo, éstos nunca se concretaron.

Ángela destaca que las abogadas solicitaron la carpeta investigativa del caso, en el que solo encontraron la primera declaración de la víctima. No se entrevistó a posibles testigos ni al acusado ni se ordenaron las indagatorias para esclarecer la situación.

“Hubo fallas desde el principio  de la investigación. Nosotros como familia creemos que desde que se hizo la denuncia, la fiscalía no le creyó a Anaís, le bajaron el perfil, solo porque ella se demoró un mes en contar. Desde ahí hubo una seguidilla de errores”. sostuvo Ángela Ramírez.

En ese contexto, relató que además de quitarle credibilidad a lo expuesto por la joven, posteriormente la llamaron para tomarle nuevamente su declaración. “Ahí le dijeron que lo más probable es que la llamaran del SML , que se haría todo un seguimiento (…) pero no se hizo nada. No entrevistaron ni al violador”, relató la prima.

Incluso, hace pocas jornadas se enteraron de la existencia de un video que contenía la declaración de la joven, lo que no había sido informado a la familia por parte del Ministerio Público.

El deseo de justicia

La adolescente le escribió una emotiva carta a sus familiares en la les pedía que lucharan por conseguir justicia, ya que a ella nadie le ayudó a obtenerla.

Ángela Ramírez relata que el acusado tiene un amplio prontuario policial y ya contaba con denuncias por ataques sexuales y sólo esperan que los organismos realicen su trabajo.

“Que la fiscalía y las otros instituciones se den cuenta y reconozcan que no ayudaron a Anaís (…) el Ministerio Público cree que es la familia los que tienen que llevarles las pruebas y evidencias, pero son ellos los que deben instruir a la policías, indagar qué pasó”, agregó.

Ángela Ramírez contó que el acusado se encuentra privado de libertad por un robo, y que a su  juicio para las autoridades es más “fácil encarcelar a las personas por un delito pequeño y no darse el tiempo de investigar casos graves como los de violación”.