El origen informático de los problemas en la retención del 10% por pensiones alimenticias

La retención del 10% de fondos de las AFP de quienes adeudan pensiones alimenticias se convirtió en un problema para quienes vieron en esta posibilidad la oportunidad de recibir los dineros adeudados para los gastos de sus hijos.

Con el paso de los meses desde que comenzó el retiro se han hecho más frecuentes las denuncias de mujeres que aseguran que se les retuvo el 10% de sus fondos ya que en el sistema del Poder Judicial figuraban erróneamente como deudoras, así como otros testimonios que acusan una demora excesiva en el pago de estos dineros.

Mientras que el conflicto más comentado fue que gran parte de los deudores decidieron no iniciar el proceso de retiro de sus ahorros previsionales, por lo que no se pudo realizar el trámite para intentar pagar parte o la totalidad de la deuda por pensiones alimenticias.

La razón de este problema estaría en el sistema que el Poder Judicial implementó para gestionar las solicitudes de pago de las pensiones adeudadas.

Improvisando un sistema

La mayoría de los problemas presentados por los demandantes tienen relación con el sistema implementado por el Poder Judicial para realizar el trámite por deudas de pensiones alimenticias, ya que es ahí donde se encuentra toda la información de las causas.

Desde el Poder Judicial explicaron que antes de que se aprobara el proyecto para el primer retiro del 10% de los fondos de las AFP se registró un explosivo aumento de solicitudes para obtener la liquidación de las deudas por pensión de alimentos, superando en hasta 6 veces los requerimientos recibidos en jornadas normales, lo que generó un colapso que los obligó a tomar rápidas medidas.

El magistrado del Juzgado de Familia de Buin, Rodolfo Medalla, explica a EL DÍNAMO que “se encendieron las luces de alarma, por lo que se hicieron reuniones para diseñar un sistema y ver cómo abordarlo, previendo la avalancha que se iba a producir, porque los niveles de masividad con que estaban ingresando eran como 100 veces las cantidades de escritos que tramitábamos usualmente”.

El juez argumentó que las personas lo tomaron como una salvación económica en medio de la fuerte crisis económica, por lo que incluso quienes no contaban con la situación judicial regulada llegaron a solicitar las liquidaciones “por si acaso”.

La disyuntiva entre los magistrados estaba entre someter todo al mismo trámite formal ya establecido, “lo que implicaba que en realidad no podíamos abordarlo porque contábamos con el mismo personal y con situaciones especiales de funcionamiento” , o se decidían otras acciones para resolver las solicitudes.

“Finalmente en coordinación con el Departamento de Desarrollo institucional, y con el apoyo de la Corte Suprema, se decretó que había que dar respuesta lo más rápido posible y eso implicaba que teníamos que diseñar un programa de respuesta masiva ante los múltiples escritos que estaban ingresando”, reveló Medalla.

“En pocos días se desarrolló un sistema informático que permitía reconocer en el sistema todas las demandas que tenían que ver con alimentos o liquidaciones”, agregó el magistrado, destacando que el sistema solo fue capaz de reconocer ciertas categorías, dentro de las causas relacionadas con este tema,

“Se prefirió la masividad a que se perdieran los recursos. Entonces, la masividad implica que hay menos finura al momento de resolver y que se revisara lo justo y necesario para dar respuesta, porque había que darla, ya que se aprobó la ley y comenzó a correr de inmediato el plazo para que las personas hicieran el retiro”, contó Medalla.

El magistrado indicó que se discutió que para que todo fuera exacto y preciso “se requería tiempo”, por lo que se evalúo que el mal menor de la aplicación de un sistema masivo era que se presentara un porcentaje de error en las retenciones, lo que se podía solucionar posteriormente analizando los datos caso por caso.

“Pero si ocurría que nosotros no decretábamos una retención, el efecto iba a ser que la demandante perdía definitivamente esa plata“, agregó.

El problema ligado al sistema de pensiones de alimentos

En relación a las denuncias sobre la imposibilidad de realizar la retención de dineros de las demandantes y no a los deudores, el magistrado de Buin sostuvo que esto es resultado del improvisado sistema que se debió implementar, y que tiene que ver con acciones legales anteriores que hayan realizado los involucrados.

Como un ejemplo de esta situación, el juez señala que en caso de que el demandado por la deuda de pensión de alimentos haya interpuesto algún recurso para bajar el monto de la pensión, quien está a cargo del menor de edad y recibe el dinero queda en el sistema en la categoría de demandado, por lo que, al no poder realizar una revisión detallada de los casos, se generan estos errores o “males menores”.

“Evidentemente, como gran parte del trabajo estaba asociado a diseños computacionales, hizo que el sistema reconociera en algunas ocasiones como demandado a quien era en realidad el demandante“, reconoció.

Mientras que en relación a las demoras en los pagos, Rodolfo Medalla relata que esto responde a la falta de personal que se registra para atender estas situaciones, además de muchas dificultades que tienen que ver con los alegatos de ambas partes en relación a cuánto se ha pagado y cuál es la deuda final, lo que retrasa que se llegue a un acuerdo, y en consecuencia se retrasa la entrega del dinero.

Nuevo proyecto de ley y pensiones inembargables

Estas situaciones causaron la reacción de las autoridades políticas, quienes decidieron abordar esta problemática en el proyecto de ley que busca permitir un nuevo retiro de los fondos de las AFP.

El proyecto de ley fue impulsado por la diputada Pamela Jiles (PH) con el apoyo de Gabriel Silber (DC), Loreto Carvajal (PPD), Jaime Mulet (FRVS), Luis Rocafull (PS), Marisela Santibáñez (PC), Alexis Sepúlveda (PR), Karim Bianchi (Ind.) y Feliz González (PEV).

En concreto, la propuesta busca que en un eventual segundo retiro de los fondos de pensiones las demandantes puedan solicitar el retiro de forma arbitraria, “embargando” los fondos del deudor sin necesidad de que éste realice la petición de retiro en su AFP.

En conversación con EL DÍNAMO, el diputado Luis Rocafull explicó que esta posibilidad depende de muchas variables, pero afirma que sería un apremio importante en los casos en los que se ha buscado todas las alternativas de pago y aún así no se ha cumplido con el pago de las obligaciones de alimentos.

Sin embargo, destaca que actualmente los fondos previsionales son inembargables, por lo que este aspecto “obviamente requiere de una reforma constitucional, pero me da la impresión que también es necesaria una iniciativa presidencial”.

Rocafull argumenta que es entendible que genere molestia el que muchos hayan decidido no hacer el retiro por pagar estas deudas, pero que hay situaciones en las que no pueden hacer más desde sus roles como diputados o senadores.

“No es que se deba un televisor en una casa comercial o un auto, lo que están privando es de alimentar a sus hijos (…) yo creo que eso hoy- y que lo hemos estado trabajando- incluso lanzamos un proyecto que tiene que ver con un registro de deudores de pensiones alimenticias, pero lamentablemente no está dentro de las facultades que tenemos como parlamentarios”, sostuvo Rocafull.