Bono Clase Media: diputados de la FRVS anuncian proyecto de “perdonazo”
La iniciativa busca extinguir la responsabilidad penal de los involucrados, pero no impedir que el dinero sea devuelto al Fisco.
A través de un proyecto de ley que ingresarán durante esta tarde los diputados de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet y Esteban Velásquez, buscarán declarar la amnistía para los más de 437 mil beneficiarios que recibieron el Bono Clase Media sin cumplir con los requisitos establecidos por el Gobierno.
La idea nació luego que la diputada Gael Yeomans (CS) solicitó en una carta a la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, que se perdonara a todos los infractores. Sin embargo, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, derribó las intenciones y afirmó que con la medida no se valorarían “los recursos públicos que tienen que estar disponibles para las personas más vulnerables“.
Al respecto, uno de los impulsores del nuevo proyecto, el diputado Jaime Mulet, contó a la prensa que la idea no es perseguir penalmente a los infractores, sobre todo porque la culpa del proceso fallido en el Bono Clase Media sería de La Moneda, donde no se tomaron los resguardos necesarios para evitar defraudaciones.
“Es una situación que obedece a razones equívocas, no hubo dolo en la inmensa mayoría, no es justo que se les sancione penalmente. Además, no es conveniente dirigir todo el esfuerzo del Ministerio Público, del Consejo de Defensa del Estado, cuando hay otras causas y exigencias de orden penal, que son mucho más importantes para el país, como atacar la delincuencia”, alegó Mulet.
Eso sí, el presidente de la FRVS precisó que la amnistía no implica extinguir las obligaciones de pago que tienen los infractores, por lo que “el Estado puede recuperar los recursos y determinar el error”.
Diputados afirman que el proceso fue “confuso”
Según expresaron ambos diputados en el proyecto que será ingresado esta tarde, la confusión que habrían tenido los 437 mil infractores se dio mayoritariamente en personas con “rentas variables”, y por ende, “no en todos los supuestos se estaría en presencia de una conducta dolosa”.
Mulet y Velásquez también afirmaron que el mecanismo del SII para postular al beneficio era “confuso”, lo que habría sido “de público conocimiento durante el periodo de postulación, lo que pudo llevar a justificados equívocos”.
“La forma en que el Gobierno elaboró, propuso, y puso en ejecución las políticas públicas referidas a los aportes a los más afectados económicamente por la pandemia sin duda es cuestionable. En ese mismo sentido, se puede tener en consideración la situación del Ingreso Familiar de Emergencia, el cual tuvo que ser modificado legislativamente en varias oportunidades, pese a que en el trámite se le anunció a los correspondientes ministros la dificultad práctica que traía aparejado el beneficio”, señalaron.