Burocracia del Congreso tiene pendientes proyectos desde 1990

“Le pido encarecidamente que aceleremos la aprobación de estas leyes”, fue el llamado del Presidente Sebastián Piñera al poder legislativo respecto a la reforma a Carabineros. Si bien las palabras del Mandatario responden a un contexto social específico, el camino de leyes en el Congreso ha sido motivo de críticas a lo largo de los años, ya que por burocracias y falta de voluntad, hay proyectos que están en tramitación desde 1990.

Según el Senado, en lo que va de 2020 se han iniciados 218 proyectos de ley, mientras que otros 174 ya fueron despachados. Una cifra bastante menor a los 5.007 proyectos -según el sistema de búsqueda del Congreso- aún se encuentran en el estado de “tramitación”.

Al hacer una revisión más detallada, EL DÍNAMO detectó que varias leyes creadas entre 1990 y 1993 aparecen bajo este estatus, pero realmente están ya publicadas, por lo que el número puede verse abultado.

Sin embargo, si se considera que en el sistema se registran 572 proyectos de reforma constitucional en la misma categoría (con algunas efectivamente ya promulgadas pese a no estar actualizadas en el sistema), se podría establecer que efectivamente hay un número superior a los 5 mil proyectos -tanto de ley o como de reforma constitucional- que “duermen” en el Congreso desde el regreso a la democracia.

Hasta 40 años de espera

El miércoles 25 de julio de 1990 ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley contra la discriminación y por la igualdad de oportunidades (boletín 115-07).

Debieron pasar 13 años para que, en abril de 2003, la iniciativa volviera a ser considerada para su primer trámite legislativo. Sin embargo, no pasó: el último movimiento de este proyecto fue el 2 de diciembre de 2003 cuando se incluyó en convocatoria de la legislatura extraordinaria 350. Desde entonces, no se ha vuelto a discutir.

Este es el caso más extremo de un ley que “duerme” en el Congreso, pero no el único, ya solo al año siguiente otros tres proyectos fueron ingresados sin que hayan tenido resolución a la fecha, quedando incluso fuera de contexto: uno de ellos modifica la Ley Nº 18.700 Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, normativa fue modificada en septiembre de 2017.

La ficha de este proyecto para cambiar la Orgánica Constitucional (boletín 268-07) revela que la iniciativa tuvo movimientos en la década de 1990 y 2000, siendo la última vez que se consideró el 30 de enero de 2009 cuando se le quitó la urgencia, quedando desde entonces en su segundo trámite legislativo.

Paraíso burocrático

Pero no todos los proyectos que hace cuatro décadas están en tramitación quedaron irrelevantes para la actual normativa chilena, incluso con ejemplos de este mismo 2020.

Este es el caso de la reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para suspender la transmisión de propaganda electoral sobre el plebiscito nacional. El proyecto (boletín 13345-07) fue ingresado por Sebastián Piñera el 24 de marzo luego de que se adoptara la decisión de realizar la votación en octubre debido a la pandemia del coronavirus.

Originalmente la franja televisiva debía transmitirse entre el 27 de marzo de 2020 y el 23 de abril de 2020, por lo que se ingresó este proyecto para poder cambiar su transmisión a septiembre. Sin embargo, solo un día después de haber sido ingresado el proyecto, se le quitó su urgencia: la nueva fecha quedó zanjada en la reforma constitucional que establece un nuevo itinerario electoral para el plebiscito constituyente, promulgada el 26 de marzo de este año.

Alejandro Usen, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central, explica a EL DÍNAMO este tipo de fenómeno ocurre que en los últimos años se ha abusado de la competencia legislativa, ya que muchas materias que a las que se le aplica una ley o reforma constitucional, podrían solucionarse por otras vías.

“En Chile se hacen muchas discusiones que se pretenden zanjar con una ley respecto de materias que en rigor que no la requieren. Esto se presta también para que cualquier cosa se pretenda regular con una ley o una reforma”, explica el abogado.

Este fenómeno coloquialmente se conoce como “frenesí legislativo”, un período de tiempo limitado donde los parlamentarios ingresan gran cantidad de proyectos., los que no alcanzan a concluir su tramitación en el Congreso.

En Chile, existen tres trámites para que un proyecto se convierta en ley. En ellas, la iniciativa tiene que pasar por una o más comisiones antes de ser revisada por una de las Cámaras, la que luego de aprobar el proyecto lo pasa a la siguiente Cámara, que a su vez revisa la iniciativa en una o más comisiones antes de ser votada en sala.

Usualmente vuelve a la Cámara de origen para una tercera revisión. Si hay desacuerdos, se crea una comisión mixta, cuyo informe debe ser votado por ambas cámaras. Este proceso puede llegar a durar años.

Un tema de urgencias

La tramitación de una ley debe cumplir varias etapas antes de ser promulgada y, según las normas chilenas, no está sujeta a un tiempo determinado. Sin embargo, el Presidente puede hacer presente una urgencia para el despacho del proyecto, determinado tiempos para su discusión.

El tema de las urgencias explica por qué muchas de las leyes que continúan “en tramitación” en los archivos del Congreso se contradicen en sus fichas, las que afirman que la tramitación está terminada. Alejandro Usen indica que esta práctica ejemplifica una suerte de “suma de todos los males” respecto a los trámites que debe pasar un proyecto para convertirse en ley.

“Lo que pasa es que se le pone la urgencia a un proyecto y luego se la quita, queda sin trámite por realizar”, dice, lo que impide el fin último de los proyectos, que es ser aprobados o rechazados.

“Estas iniciativas quedan en una situación anómala donde no ocurre nada”, explica el académico. Esto quiere decir que, aunque el proyecto no haya sido retirado y continúa vigente para su discusión, en la práctica su camino ya llegó a un punto final.