Los conflictos de probidad de las asesorías parlamentarias y cómo podrían ser suplidas por la Biblioteca del Congreso

Luego que se diera a conocer el gran gasto -en torno a los $300 millones desde fondos fiscales- que realizan los parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI) para pagar asesorías de la Fundación Jaime Guzmán, volvió a instaurarse en el debate público si realmente son necesarios este tipo de colaboraciones para la labor legislativa.

Sobre todo porque el financiamiento irregular de los centros de pensamiento asociados a partidos políticos no es algo nuevo. Ya en 2017 una investigación de Ciper reveló que es una conducta habitual y que 40 parlamentarios pagaron por documentos dudosos o derechamente copiados de internet y otras fuentes de acceso público.

En esa época, por ejemplo, se descubrió que la diputada del Partido Comunista (PC), Camila Vallejo, traspasó más de $6 millones al Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL) por informes parcial o totalmente plagiados desde internet. Misma situación que se vivió en el Partido Socialista (PS) con Fidel Espinoza y Maya Fernández, quienes pagaron por documentos que finalmente confeccionaban sus propios asesores y no los del Instituto Igualdad, el centro de estudios del partido.

Así también, se evidenció la misma situación en la Democracia Cristiana (DC) con el ex diputado Roberto León, quien pagó más de $10 millones al centro de estudios Celac, vinculado a su partido.

La magnitud de los gastos en asesorías parlamentarias

De acuerdo al informe del proyecto de ley del Presupuesto 2021, disponible en el sitio web de la Dirección de Presupuesto (Dipres), sólo la Cámara de Diputados tiene asignado más de $1.958 millones para el concepto de “asesorías externas”. Mientras que el Senado, cuenta con otros $1.866 millones.

En otras palabras, el Congreso contaría el próximo año con más de $3.824 millones solo para pagar las asesorías externas. Esta cifra no considera otros dineros de los que pueden hacer uso los parlamentarios, como costear a sus asesores cercanos y equipo de trabajo, o gastos operacionales propios de su labor.

Al respecto, el diputado de Convergencia Social (CS), Gonzalo Winter, explicó a EL DÍNAMO que, si bien, “las asesorías parlamentarias externas no son un acto de corrupción en si mismo, por el contrario, se pueden usar bien”, el dilema surge porque, “han dado para muchas malas utilizaciones y para fórmulas que han popularizado los parlamentarios, generando un financiamiento deshonesto de determinadas instituciones”.

“Son para producir conocimiento parcial, pero el financiamiento es de todos los chilenos, por lo tanto, no puede ser tan parcial la forma en que medimos si el servicio fue o no de calidad, no puede ser al arbitrio de cada parlamentario”, agregó Winter.

Por ello, el legislador del Frente Amplio aseguró que “lo mejor es reforzar con ese dinero el servicio parlamentario que presta la Biblioteca del Congreso, generando mecanismos bajo los cuales pueden hacer informes para los parlamentarios de diversa índole”.

Biblioteca del Congreso sería la alternativa

Si bien para algunos parlamentarios tener un presupuesto específico asignado a las asesorías externas puede ser fundamental, lo cierto es que existe otro organismo que desde su creación ha servido para informar a los legisladores sobre proyectos de ley y la experiencia internacional de normativas.

Se trata de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), que de acuerdo a la definición de su sitio web, es “un servicio común del Senado y la Cámara de Diputados, cuya misión es apoyar a la comunidad parlamentaria en el ejercicio de sus funciones constitucionales a través de la generación y provisión de productos y servicios de calidad, accesibles, oportunos, pertinentes y políticamente neutrales”.

Esta misión de la BCN surge desde su creación de la mano del ex Presidente Pedro Montt, cuando ejerció como diputado de la localidad de Petorca. El ex mandatario inició el camino de la en ese entonces llamada “Biblioteca de la Cámara” en 1882. Ya con la formación del Senado un año después comenzó a llamarse Biblioteca del Congreso Nacional.

En la actualidad, la BCN, de acuerdo al informe de la Dipres de la Ley de Presupuesto 2021, cuenta con un presupuesto de $12.873 millones que son destinados en su mayoría a pagar al personal encargado de las investigaciones y de la recopilación de antecedentes, unos $10.000 millones se invierten sólo en este concepto.

Incluso, los reglamentos de la Cámara de Diputados y el Senado establecen que los legisladores, “para el cumplimiento de su cometido, las comisiones podrán recurrir a los servicios de la Biblioteca del Congreso Nacional”.

En esta línea, el diputado Winter explicó que el único problema actual que él evidencia en la BCN es que “no está claro el límite de cuándo se está usando esta herramienta y cuándo se está abusando de ella, pidiendo muchos documentos e informes”.

“Por eso, quiero reforzar a la actual Biblioteca que es una institución profesional, llena de gente capacitada y que pueden hacer este tipo de tareas. Esto no quita que deban haber asesores propios para los parlamentarios, porque los diputados y senadores tenemos un trabajo que es parcial, porque representamos un conjunto de ideas. Yo fui elegido porque justamente representaba un conjunto de ideas y no a pesar de ello”, precisó.