Gobierno explica por qué no se expulsará del país a presunto asesino serial

El Gobierno entregó detalles respecto a la situación judicial de Diego Ruiz Restrepo, el hombre sindicado como asesino serial de Santiago, tras ser acusado de al menos siete homicidios.

El hombre de nacionalidad colombiana fue detenido el pasado lunes por personal de Carabineros y será puesto a disposición de la justicia durante la jornada de este martes por los crímenes ocurridos en sectores de las comunas de Santiago y Estación Central.

Según lo expuesto por el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, tras una indagatoria en conjunto con el Departamento de Extranjería se descubrió que el hombre de 30 años ingresó como turista en 2013, pero con el correr del tiempo no habría continuado con el proceso para mantenerse de forma legal en el territorio nacional.

“Intentó regularizar su situación los años 2018 y 2019, pero como tenía antecedentes por delitos cometidos con anterioridad, esa regularización fue rechazada. Esa persona se encontraba en una situación irregular”, agregó Galli.

En ese contexto,  explicó el por qué Ruiz Restrepo no será enviado de vuelta a su país natal: “Esta persona estaba sometida a procesos por los delitos que había cometido, por lo tanto aún no se iniciaba su proceso de expulsión”.

“Una vez que a esta persona se le rechaza su proceso de regularización migratoria, lo que se hace es que se informa a los organismos competentes. Él tenía órdenes de arraigo y procesos pendientes en la justicia, por lo que correspondía investigar su participación y eventualmente, dependiendo de cuál fuera la pena, él tendría que haber cumplido su condena en nuestro país”, complementó el subsecretario.

Galli argumentó que en el caso de que sea declarado culpable de los crímenes, el ciudadano colombiano será condenado a una pena privativa de libertad mayor a cinco años, por lo que tendrá que cumplir la totalidad de la sentencia en alguna cárcel chilena.

La autoridad del Interior informó que el sujeto también cuenta con una condena por 187 días, la que podría haber sido sustituida por la pena de expulsión.

“El Departamento de Extranjería y Migración solicitó concurrir a la audiencia de determinación de la pena para solicitar la pena sustitutiva de expulsión, pero ello no se efectúo y esta persona no sólo tenía esa condena, sino que estaba siendo investigado por otros delitos, siendo sometido a penas cautelares como el arraigo. Por lo tanto, debía llevarse adelante esas investigaciones criminales antes de tomar una medida administrativa como la expulsión”, añadió.