Gobierno busca mejorar procesos de expulsión junto con el Poder Judicial y Ministerio Público
El cierre de fronteras, la cancelación de los vuelos internacionales, entre otros factores, también ha dificultado que se lleven a cabo estos procesos.
El Gobierno buscará tener mayor coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial para poder mejorar los procesos de expulsión de migrantes que incurran en delitos dentro del país, lo que se ha complicado durante el último año debido al cierre de fronteras por la emergencia sanitaria del coronavirus.
El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, aseguró que se encuentran participando de una mesa de trabajo que permita facilitar este tipo de sanciones: “Por ejemplo, para tener información directa desde el Ministerio Público y del Poder Judicial para conocer a aquellos extranjeros que se involucren en hechos delictuales”.
Galli explicó a El Mercurio que “una vez decretada la expulsión, esta no se puede materializar hasta notificado el decreto y autorizado por el país que reciba al extranjero en su país de origen”.
Entre enero y junio de este año se llevaron a cabo 1.128 expulsiones administrativas, según lo detallado por el departamento de Extranjería y Migración. Mientras que en el mismo periodo, el Poder Judicial ha informado respecto a 811 penas sustitutivas que devuelven a sus países de origen a los condenados.
Por su parte, la Policía de Investigaciones (PDI) ha ejecutado 1.321 procesos de expulsión de extranjeros entre enero y octubre del 2020.
