Consejo de Fiscales niega “uso indebido o desproporcionado del derecho penal” en detenidos 18-O
De acuerdo al grupo, de aprobarse el proyecto de indulto se dejaría libre a personas como John Cobin, condenado a 11 años por uso de arma de fuego en la vía pública.
A través de una declaración pública el Consejo General de Fiscales negó que los detenidos tras las movilizaciones del estallido social se encuentren en prisión preventiva por “uso indebido o desproporcionado del derecho penal”, como indicó el grupo “Por la libertad de lxs presxos políticxs”.
De acuerdo al Consejo, “los fiscales ejercen sus labores con autonomía y estricto apego a la legalidad“, gracias a que sus actuaciones, “siempre están sometidas al escrutinio y control de los Tribunales de Justicia y, por ende, ajenas a toda arbitrariedad (…) con plenas garantías de objetividad, seriedad y transparencia”.
“Ante hechos de especial gravedad y debidamente fundados en los antecedentes que emanan de las investigaciones que se llevan adelante, la Fiscalía solicita medidas cautelares de mayor intensidad, como la prisión preventiva, las que son evaluadas en audiencias públicas, en las que interviene la defensa del imputado y en la que resuelve un Tribunal de la República, decisión que regularmente es revisada, a su vez, por un tribunal superior de carácter colegiado. Este proceso impide cualquier arbitrariedad”, destacó la agrupación.
En esta línea, el Consejo General de Fiscales, donde está el Fiscal Nacional, Jorge Abbott y los fiscales regionales, descartó que los detenidos durante la revuelta social estén en esta situación “por su pensamiento o por sus opiniones”, sino que, “por actos que son constitutivos de delitos”.
Consejo de Fiscales está en contra del indulto
Durante la declaración pública el Consejo General de Fiscales también criticó en duros términos al proyecto ingresado por senadores de oposición como Isabel Allende (PS), Yasna Provoste (DC), Adriana Muñoz (PPD) y Juan Ignacio Latorre (RD), quienes pidieron el indulto y rebajas de penas para los detenidos durante el estallido social.
De acuerdo a los fiscales, la iniciativa presentada hace pocos días, “podría constituir una gravísima señal para la convivencia social“.
Principalmente porque la iniciativa podría dejar sin efecto, entre otras causas, la condena a 11 años de presidio impuesta contra John Cobin, quien fue declarado culpable por los delitos de homicidio frustrado y por infringir la Ley de Control de Armas, luego de disparar en la vía pública en Viña del Mar el 10 de noviembre de 2019.
“El proyecto impediría perseguir la responsabilidad penal de los dos imputados en prisión preventiva por el atentado con artefacto explosivo en el edificio Tánica, el 27 de febrero de este año”, agregaron los fiscales.
? Revisa acá la Declaración Pública de la @FiscaliadeChile sobre los cuestionamientos al Sistema de Justicia y sus instituciones, relativos a la persecución y sanción penal de hechos constitutivos de delitos en el contexto de manifestaciones sociales: pic.twitter.com/3CYBI8Fi2p
— Fiscalía de Chile (@FiscaliadeChile) December 14, 2020