Poder Judicial pide estar entre primeros vacunados contra el COVID-19: “Estamos prestando un servicio esencial”
Según la vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, la vacunación es importante si se quieren desarrollar juicios presenciales.
Gloria Ana Chevesich en la Corte Suprema. Fuente: Agencia Uno.
La ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, confirmó que el Poder Judicial está en conversaciones con las autoridades del Ministerio de Salud para ser incluidos dentro de las primeras 15 mil vacunas contra el COVID-19 que se repartirán de forma gratuita durante las próximas semanas.
Según explicó Chevesich a la radio Universo, la Corporación Administrativa del Poder Judicial pidió a La Moneda analizar la posibilidad de administrar la dosis a sus trabajadores.
“El Consejo Superior de la Corporación Administrativa el jueves pasado tomó esa decisión de llevar adelante conversaciones a través del director de este organismo con las autoridades políticas de Gobierno para efectivamente ver la posibilidad de obtener la vacuna para así poder efectuar los juicios presenciales que sean necesarios y avanzar en la prestación de servicios judiciales”, aseguró.
De acuerdo a la vocera de la Corte Suprema, “la idea es obtener que se vacune a todo el personal del Poder Judicial, entendiendo que estamos prestando un servicio de carácter esencial”.
Pese a las intenciones del Poder Judicial, desde La Moneda sólo confirmaron que existen 15 mil dosis que se entregarán de forma gratuita a los “grupos de riesgo”. En esta línea, se privilegiará al personal de la salud, Fuerzas Armadas y otros servicios básicos.
Solicitudes de retención del 10%
Durante la entrevista, Gloria Ana Chevesich también reveló que a la fecha se han presentado más de 158 mil solicitudes de retenciones del segundo 10%, por deudas de pensiones alimenticias.
Por lo que, “al igual que en el primer retiro en esta nueva ley estamos corriendo contra el tiempo“.
Según la vocera de la Corte Suprema, para hacer más expedito el proceso se hace necesario “generar herramientas legales y legislativa, que permita que los alimentarios puedan hacer cumplir sus necesidades más básicas”.
“La actual ley de pago de pensión de alimentos no es una ley clara para que los jueces puedan hacer efectivo el pago de las pensiones”, criticó Chevesich.
