OEA cuestiona capacidad de respuesta del sistema judicial chileno ante violaciones a los DD.HH.
De acuerdo a un estudio del CEJA, la "presión mediática" es relevante para que la Fiscalía inicie investigaciones.
Familiares de los presos de la revuelta en el Centro de Justicia. Fuente: Agencia Uno.
Una investigación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), diagnosticó una serie de falencias relacionadas a casos de violaciones a los derechos humanos en el sistema judicial chileno durante el estallido social del 18 de octubre del 2019.
De acuerdo al informe “Evaluación del sistema de justicia de Chile”, existen factores determinantes para que la Fiscalía inicie investigaciones. Una de ellas es la “presión mediática o a través de redes sociales por parte de la ciudadanía”.
En cifras, el CEJA reveló que de los 8.827 casos de violaciones a los derechos humanos denunciados sólo 178 iniciaron sus investigaciones por parte de la Fiscalía.
Además, respecto a los plazos estimados, la agrupación afirmó que “tras 14 meses, solo existen imputados formalizados en menos del 1% de las causas”
El estudio también detectó el “incumplimiento generalizado”, de los principios, “oficiosidad, oportunidad y exhaustividad en las investigaciones de graves violaciones de derechos humanos”.
El rol de Carabineros
La investigación del CEJA también abordó el rol de Carabineros durante el estallido social.
De acuerdo al centro de estudios de la OEA, lo peor es que, hasta el momento, “la acción penal se ha dirigido casi exclusivamente hacia los autores materiales, principalmente escalafones inferiores“.
“Uno de los elementos más críticos en el funcionamiento del sistema de justicia penal es el rol que ha tenido Carabineros de Chile, organismo al cual pertenece una gran mayoría de los agentes investigados por violaciones graves de derechos humanos (92,8% del total de denuncias registradas por la Fiscalía)”, agregaron.
También explicaron que se han detectado demoras en la entrega de información solicitada por la Fiscalía, obstrucciones a las investigaciones y “uso indebido de procedimientos disciplinarios con fines dilatorios o amedrentamiento de testigos”.
