Las alternativas para las empresas que no han cumplido con la ley de Inclusión Laboral

Este 31 de diciembre vence el plazo para que las empresas que cuenten con más de 100 trabajadores cumplan con la ley de Inclusión Laboral, la que sostiene que deben tener al menos un 1% de contratados con discapacidad.

La ley 21.015, que está vigente hace casi tres años, obliga a más de siete mil empresas a nivel nacional a cumplir con dicha medida. Sin embargo, hasta la fecha solo lo han cumplido cerca de 1700, según datos entregados por la Dirección del Trabajo.

Andrea Zondek, presidenta de Fundación Tacal, organización que cuenta con una basta trayectoria en el área y que trata con casi la mayoría de las empresas que se han incorporado al proceso, explicó a EL DÍNAMO que las cifras son preocupantes, y que es urgente que se sigan sumando empresas.

“La ley busca que las empresas públicas y privadas sean inclusivas. Lamentablemente, este es el tercer año y no tenemos un porcentaje muy alto de empresas que hayan cumplido. Hay algunas que si lo han hecho, a esas yo les mandaría una carita feliz”, agregó.

En ese sentido, recalcó que este ha sido un año complejo para las empresas, principalmente las más pequeñas, que se han visto más afectadas por la pandemia. “Esto abarca a empresas que tienen 100 o más trabajadores, por lo tanto los toca a todos y siendo tiempos difíciles, hay que destacar que hubo empresas que hicieron esfuerzos y han contratado”, indicó Zondek.

Asimismo, señaló que han detectado que muchas empresas no cuentan con las herramientas o conocimientos para realizar el proceso, ya que no se han incorporado las dimensiones de discapacidad en sus labores, argumentando que la ley les da alternativas para continuar avanzando en la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral, por lo que llamó a las compañías a asesorarse sobre esto para que la solución no sea pagar una multa.

Zondek explicó que entre las opciones se encuentra la de donar la suma de 24 sueldos mínimos al año a una fundación que tenga proyectos aprobados en el Ministerio de Desarrollo Social para estos fines, como lo es Tacal. No obstante, la presidenta de dicha organización sostiene que “me pone muy feliz cuando una empresa me dice que es el último año que van a donar, porque quieren comenzar a elaborar las estrategias para cumplir con el porcentaje o superarlo. Ese es el espíritu de esta ley, evidentemente es muy gratificante”.

Además, relató que existen empresas que por desconocimiento creen que no están cumpliendo, cuando sí lo están haciendo. Por ejemplo, cuando éstas tienen contratado un servicio de casino, aseo u otro que cuente con trabajadores con discapacidad entre el personal designado a dicha entidad, igualmente se está cumpliendo con la ley.

Incumplimiento del Estado

La presidenta de la organización más grande en el área criticó la baja participación de las empresas públicas en el proceso de cumplir con la ley, argumentando que al no sentir el temor por ser multadas, finalmente no existe una presión para que la apliquen.

“El Estado no se multa a sí mismo, por lo que el porcentaje de personas con discapacidad incorporadas, es extremadamente bajo. Aquí yo le saco el sombrero a los privados. No tenemos un porcentaje exacto, porque no se entrega esa información abiertamente”, acusó.

En ese contexto, aseguró que “de la totalidad de las empresas con las que hemos trabajado producto de la ley  -que son más de 400- del Estado tenemos cerca de 10 (…) como no son multados, no tienen ningún apuro y tampoco hay sanción social, porque si la hubiese quizás si les preocuparía más”.

Andrea Zondek indicó que además de predicar con el ejemplo, el Estado es uno de los mayores empleadores del país, por lo que es de suma importancia que se incluyan y cumplan con las medidas. “Hay muchos desafíos que tenemos todavía como país” , lamentó.

Acusó que tampoco existe una fiscalización o aplicación efectiva de multas, ya que este jueves se vence el plazo para que las empresas hagan la donación a una organización, en caso de no haber contratado por su cuenta, pero que de igual forma éstas se atrasan en estos pagos.

“Muchas veces las empresas donan posterior, porque no han podido sacar el cheque o qué sé yo, y donan durante enero. Sí bien no es correcto, yo creo que la Dirección del Trabajo entiende que hay buena fe de parte de la empresa de querer cumplir con la ley y no hay sanción al respecto”, señaló.

Pese a todo esto, la presidente de Tacal se mostró optimista y aseveró que hay que “seguir trabajando por un Chile más inclusivo”, llamando a las empresas a conocer las alternativas entretenidas que están elaborando en esta materia , muchas financiadas por el Estado, para capacitar a las personas para que se incorporen a los puestos de trabajo.

“Como país tenemos que enfrentar que estamos al debe con las personas con discapacidad, la ley de inclusión laboral proyectaba 25 mil empleos, y solo se han alcanzado poco más de 9 mil. Por tanto, debemos hacernos cargo. Los empresarios y las instituciones públicas deben saber que la inclusión laboral es posible, es efectiva y exitosa toda vez que se realiza con la asesoría de quienes trabajamos en el tema considerando que el trabajo es un derecho y no caridad”, concluyó Zondek.