Contralor: sobreprecio de cajas de alimentos repartidas por el Gobierno llega al 12,1%
Otra observación recurrente fue la falta de control en los centros de acopio, tanto de las canastas o insumos recibidos, como de las despachadas.
Todos estos antecedentes llevaron al diputado PR Alexis Sepúlveda a reiterar la necesidad de solicitar una comisión investigadora. Foto: Agencia UNO/Archivo
Jorge Bermúdez, contralor general de la República, compareció en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, donde expuso acerca de las denuncias sobre eventual sobreprecio pagado por los productos de las canastas o cajas de alimentos distribuidas por el Gobierno en 2020.
En el estudio de Contraloría se concluye que 15 de las 16 regiones del país pagaron mayores valores que los alternativos; que solo en la región del Biobío se pagó un precio menor que el alternativo y que en la de Aysén no fue posible contar con otra posibilidad que la aplicada (con un valor de $72.553 pesos por caja).
El contralor detalló que las compras de las cajas de alimentos a nivel nacional fueron, en promedio, un 12,1% más caras que las cotizadas en línea, incluyendo un 4% de costos de insumos y servicios (armado, traslado etc.) y un 15,6% más caras sin considerar dichos costos.
En 15 de las 16 regiones se compraron las canastas familiares seleccionadas a un mayor precio que lo cotizado por cada Contraloría Regional en comercios que se caracterizan por sus bajos precios. En esas 15 regiones, la diferencia entre el valor de compra y el de cotización fue de: $23.530, en Tarapacá; de $16.021, en Arica y Parinacota; de $15.184, en Maule; y de $12.710, en Valparaíso. Ello, hubiera permitido comprar 81,2%, 70,3%, 70,2% y 57%, más productos, respectivamente.
Otra observación recurrente fue la falta de control en los centros de acopio, tanto de las canastas o insumos recibidos, como de las despachadas. En los casos en que se sustituyen elementos de las canastas, aquello no atendió a criterios de equivalencia nutricional, de peso o de precio.
En varias ocasiones, las empresas cotizadas compartían domicilio, o bien, una actuaba como “testaferro” de la otra. Tanto los cronogramas de entrega, como los lugares en que se debía distribuir, en muchas ocasiones, no se cumplieron. Sin embargo, en varias oportunidades, las intendencias o gobernaciones regionales no aplicaron las multas previstas para los incumplimientos de los proveedores.
Todos estos antecedentes llevaron al diputado PR Alexis Sepúlveda a reiterar la necesidad de solicitar una comisión investigadora que indague los sobreprecios pagados en el programa de canastas y cajas de alimentos.
