Funcionarios del Ministerio Público presentan acción judicial contra fiscal nacional
Entre sus acusaciones aseguran que ha existido vulneración de derechos sindicales y libertades fundamentales de los trabajadores.
La Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (Fenamip) interpuso acciones judiciales contra el fiscal nacional, Jorge Abbott, a raíz de la vulneración de derechos sindicales y libertades fundamentales de los trabajadores de dicha institución.
La primera causa tiene relación con las comunicaciones recibidas por los dirigentes tras manifestar su disconformidad con la contratación de una ex fiscal bajo la modalidad “extraordinaria”.
En la misma acción judicial, Fenamip señaló que los socios del sindicato han recibido una serie de correos en sus cuentas institucionales de la empresa Financoop Cooperativa en la que ofrecen un crédito de consumo y, de paso, “invita a nuestros asociados a incorporarse a Anfumip (Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público), incluso proponiendo gestiones para quienes no sean parte de dicha organización”.
“Ante la gravedad de dicha situación se le solicitó a Mauricio Salinas, gerente nacional de Recursos Humanos del Ministerio Publico, una reunión, ya que los correos institucionales son identificación privada de los funcionarios, y es imposible que un órgano externo, en este caso Financoop, tenga acceso a dicha base de datos sin conocimiento de las autoridades del Ministerio Público”, dice la acción judicial presentada por Fenamip.
Sin embargo, los dirigentes sindicales lamentaron no recibir respuesta del organismo y señalan que “el Ministerio Público avala el paralelismo sindical”.
La segunda acción judicial corresponde a que la Fiscalía Nacional limitaría la participación de los funcionarios del Ministerio Público en el proceso constituyente, al momento de manifestar su opinión en redes sociales sobre las elecciones.
Los funcionarios insisten en falta fiscalización externa y se refieren a la necesidad de modernizar el órgano persecutor, ya que, aseguran, el actual proceso para elegir fiscal nacional y fiscales regionales debe perfeccionarse e incluir, a lo menos, mediciones de las competencias básicas para liderazgo y vinculación con los miembros de la organización.
Además, solicitan terminar con los cargos de confianza en puestos estratégicos vinculados a toma de decisiones, ya que en la actualidad tanto el fiscal nacional como los regionales pueden nombrar de forma directa los principales puestos de jurisdicción.
“Los nombramientos sin procesos de selección ni oposición de antecedentes, nos parece una clara transgresión al espíritu de modernización del Estado y los principios de eficiencia y eficacia. Nos parece inaceptable se sigan aplicando modelos de corte colonial dentro del órgano persecutor chileno, en el nombramiento de cargos estratégicos, relacionados directamente con la toma de decisiones y con alta injerencia sobre la calidad del servicio prestado a la ciudadanía”, señalaron.
Respecto a este último punto, precisaron que “esta práctica, además, está ligada a la denominada silla musical, que permite en base a esta dinámica de la ‘confianza’ rotar a personas de región en región, sin necesidad de acreditar su idoneidad para ejercer cargos directivos o de jefatura”.