Corte oficia a PDI por medidas que permitan ingreso de abogados a cuarteles
Esto, luego que se negara la entrada a abogados para conocer la situación de inmigrantes que serían expulsados del país en un operativo de la PDI.
Esto, a partir de una solicitud presentada del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y las Clínicas Jurídicas de Migrantes y Refugiados de las universidades Diego Portales y Alberto Hurtado. AGENCIA UNO/ARCHIVO
A partir de una solicitud presentada por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y las Clínicas Jurídicas de Migrantes y Refugiados de las universidades Diego Portales y Alberto Hurtado, la Corte de Apelaciones de Iquique ofició a la Jefatura Nacional de la PDI para que dé cuenta sobre cómo está dando cumplimiento a la sentencia de la Corte Suprema en la que se ordena garantizar el derecho de asesoría legal a cualquier persona detenida en sus cuarteles a nivel nacional.
En el fallo del 13 de mayo de este año, el máximo tribunal de país ordenó que se “asegure la permanente asesoría jurídica —sin ninguna distinción— de las personas que se encuentren privadas o restringidas en su libertad dentro de sus dependencias”.
La solicitud, presentada el miércoles pasado, cuestionaba que hasta el momento la PDI haya dado cumplimiento la orden del tribunal, pues parece no haber instruido a sus funcionarios para asegurar que abogados puedan ingresar a sus dependencias a lo largo del país para ofrecer asesoría jurídica de manera permanente a las personas extranjeras que se encuentren en ellas, procedimiento necesario para su cumplimiento.
Lo anterior dado que el pasado miércoles 23 de junio, durante un nuevo operativo de expulsión de personas migrantes realizado por la PDI, la abogada Constanza Salgado Boza, del SJM, y la abogada Marjorie Dinamarca Jofré, de la Clínica Jurídica de la Universidad Diego Portales, solicitaron ingresar al cuartel policial de calle San Francisco N° 253 de Santiago, para entrevistarse con las personas detenidas, pero la solicitud fue denegada por los funcionarios de turno.
Es así como, a través de un oficio, la Corte de Apelaciones de Iquique solicitó a la Jefatura Nacional de la PDI que exhiba evidencia escrita donde consten las instrucciones directas dadas a todas las unidades del país, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Suprema.
Desde el SJM, su directora nacional, Waleska Ureta, explicó que “ahora la PDI debe responder ante el tribunal, explicando si ha cumplido o no con dar instrucciones a sus funcionarios y funcionarias para que abogados/as accedan a sus cuarteles a entregar la defensa que requieren las personas migrantes que enfrentan una expulsión administrativa. Es fundamental que la PDI comprenda que es un derecho constitucional el que están vulnerando”.
