Karim Chahuán pide al TC que la Intendencia de Valparaíso no sea querellante en juicio
Su defensa asegura que con el cambio en la ley de gobernadores regionales estos no tienen las competencias para ejercer acciones penales.
Su defensa asegura que de continuar su participación en el caso, el juicio sería completamente nulo, pues reclaman que el ex organismo y actual delegación presidencial no cuenta con facultades para ejercer acciones legales. AGENCIA UNO/ARCHIVO
Karim Chahuán, sobrino del senador Francisco Chahuán e imputado por diversos delitos, presentó al Tribunal Constitucional (TC) una solicitud para evitar que la Intendencia de Valparaíso continúe como querellante en la causa que es procesado.
Su defensa asegura que de continuar su participación en el caso, el juicio sería completamente nulo, pues reclaman que el ex organismo y actual delegación presidencial no cuenta con facultades para ejercer acciones legales.
Juan Carlos Manríquez, abogado de Karim Chahuán, aseguró a Radio Biobío que “la ley que transformó y modificó los gobiernos regionales y declaró extintos a los intendentes, creando un cargo temporal de delegado presidencial, no le otorgó transferencias expresas, directas y claras para ejercer acciones penales y mantenerlas”.
Por ello, aseguró que “tendrá que ser el Tribunal Constitucional quien juzgue si hay alguna impropiedad en la ley. En consecuencia, excluir de este caso toda intervención de la ex intendencia, puesto que si no se hace este juicio va a ser nulo”.
En tanto, el delegado presidencial, Jorge Martínez, aseguró tener las mismas atribuciones que tenía el intendente regional, por lo que puede presentar acciones legales en los casos que determina la ley orgánica constitucional de gobiernos regionales.
Actualmente, Karim Chahuán enfrenta el juicio oral, junto a otros tres imputados, por los delitos de de robo en lugar no habitado con infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado, tráfico ilícito de drogas y estupefacientes, tráfico de influencias y obstrucción a la investigación con uso malicioso de instrumento público falsificado, ocurridos durante el estallido social.
