Defensa de ME-O pide multa y arresto contra director del Servel
Según los abogados del fundador del PRO y de Cristián Warner, el Servicio Electoral está obligado a dar cumplimiento a la decisión del TC respecto a devolver sus derechos políticos.
El director del Servel, Raúl García, aseguró que el padrón electoral de cara a noviembre se encuentra cerrado. AGENCIA UNO/ARCHIVO
La defensa de Marco Enríquez-Ominami (ME-O), liderada por Ciro Colombara y Aldo Díaz, solicitó formalmente al Tribunal Constitucional (TC) multas y el arresto del director nacional del Servicio Electoral (Servel), Raúl García, quien advirtió ante la instancia la imposibilidad de restituir los derechos políticos de Cristián Warner en el corto plazo porque el padrón electoral de noviembre está cerrado, lo que también se podría aplicar para el fundador del PRO.
La advertencia de García ocurrió ante la revisión en el TC de la situación de Cristián Warner, quien también mantiene restringido su derecho a sufragar tras haber sido investigado en el Caso OAS.
El principal argumento del director del Servel fue que cualquier cambio en el padrón, dado que ya se cerró, debe ejecutarse a través de una resolución de justicia electoral que sólo puede presentarse después de las inscripciones a la papeleta presidencial. Por ende, ME-O se vería imposibilitado de iniciar su cuarta candidatura a La Moneda.
Al respecto, según el documento al que accedió La Tercera, Colombara y Díaz solicitaron al TC que “se decreten multas y arrestos en contra del director del Servicio Electoral, señor Raúl García Aspillaga, en virtud de la dictación del Oficio Ordinario N° 2957, de fecha 18 de agosto de 2021″.
“Se negó a cumplir con lo ordenado por su señoría excelentísima señalando que sólo podría dar cumplimiento a la orden de esta magistratura constitucional a partir del mes siguiente a la elección de noviembre, privando, en consecuencia, a nuestro representado de su derecho a sufragio para las próximas elecciones”, reclamaron los abogados.
En esta línea, los defensores de ME-O y Warner afirmaron que el Servel estaría obligado a dar cumplimiento a lo decretado por el Tribunal Constitucional, ya que, “los órganos del Estado, incluido el Servel, deben someter su actuación a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella”.
