Cómo operaba en Chile la colusión de las multinacionales Brinks, Prosegur y Looomis

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por un nuevo caso de colusión contra Brinks, Prosegur y Loomis, las tres principales empresas de transporte de valores (ETV) que operan en Chile y contra seis de sus principales ejecutivos.

Las compañías son acusadas de conspirar para fijar los precios de sus servicios entre los años 2017 y 2018.

La investigación de la colusión entre las multinacionales comenzó en octubre de 2018, tras una denuncia realizada por una ejecutiva de Brinks involucrada en la negociación.

Según indicó la FNE, esta persona utilizó el mecanismo de delación compensada, que es una herramienta legal que permite eximir o reducir las sanciones a quienes entreguen antecedentes para determinar responsables en el caso.

Las empresas involucradas

En diciembre de 2018 y tras una investigación reservada, la Fiscalía logró la autorización de la Corte de Apelaciones para allanar las oficinas de Brinks, Prosegur y Loomis, además de las casas de sus tres gerentes generales.

La pesquisa logró esclarecer que “al menos a marzo del 2017, Brinks y Prosegur ya se encontraban coordinando los precios de sus servicios. Loomis se incorporó al acuerdo en diciembre del año 2017, luego de que el grupo empresarial al que pertenece adquiriera la empresa local Wagner”.

De esta forma, las empresas de valores “acordaron fijar los precios de diversos servicios que prestan a sus clientes como es el transporte de valores y las prestaciones de tesorería y pago de remuneraciones. Las empresas acusadas definieron conjuntamente tanto los valores asociados a cada servicio, así como un nuevo esquema tarifario”, señaló la FNE.

Dónde planearon el acuerdo de precios

Alberto Bálsamo de Brinks, Marco Malverde de Prosegur y Cristián Catalán de Loomis, son los gerentes generales que gestionaron directamente el acuerdo de la colusión y coordinaron las tarifas ofrecidas a sus clientes.

Según la denuncia de la FNE, los jefes regionales de Prosegur, el uruguayo Martín Matos, y de Loomis, el portugués Rui Sanches, eran los encargados de “controlar los negocios y resultados de sus respectivos segmentos regionales, que incluían a Chile, incidiendo en las decisiones más importantes adoptadas a nivel local dentro de sus respectivas empresas”.

“Ambos ejecutivos participaron directa y activamente en la conducta imputada, entregando instrucciones a sus gerentes y comunicándose entre sí para mediar en los conflictos propios del cartel, llegando incluso a viajar a Chile para asistir a reuniones entre competidores”, agregaron.

Con esto, buscaban “evitar dejar registro de los contactos con la competencia”, por lo que “los ejecutivos de las diversas empresas usaron resguardos propios de un acuerdo clandestino”.

Por ejemplo, “Alberto Bálsamo utilizó un pendrive encriptado, incautado por esta fiscalía y a cuya clave se accedió mediante colaboración del Federal Bureau of Investigation de Estados Unidos de América (FBI), en el que guardó planillas a través de las cuales se ejecutó el acuerdo y en las que se registraban tarifas de las demás empresas”.

De la misma forma, los ejecutivos tenían códigos para no ser identificados con sus nombres en los correos electrónicos que se enviaban. La FNE indicó que a los ejecutivos en Chile de Prosegur y Loomis se les denominaba “los locales”, mientras que a Alberto Bálsamo de Brinks le decían “la intuición” o “el sedal”.

A quiénes afectó la colusión

La colusión de las multinacionales Brinks, Prosegur y Looomis habría afectado a empresas como Caja de Compensación Los Héroes, BancoEstado, Banco Itaú y Banco Santander. .

Junto a ello, la FNE informó que el acuerdo habría comprendido servicios asociados al pago de prestaciones sociales y a la Teletón del año 2018.

Al respecto, el organismo explicó que “este acuerdo afectó prestaciones esenciales para la adecuada continuidad operativa del sistema financiero y necesarias para el funcionamiento de sectores económicos como el retail, entidades públicas e, incluso, instituciones con fines sociales o benéficas”.

Qué arriesgan

La FNE pidió al TDLC que aplique a los requeridos sanciones a beneficio fiscal que totalizan 81.585 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a aproximadamente US$ 63,4 millones.

Las mayores multas fueron solicitadas para Brinks por US$ 30,5 millones y para Prosegur por US$ 25,8 millones. Estos montos son las multas individuales más altas que haya pedido la FNE en casos de colusión. Para Loomis, solicitaron una sanción económica de US$ 6,4 millones.

En el caso de los ejecutivos, el requerimiento pide sancionar a los gerentes generales de las tres empresas de transportes de valores en Chile: Alberto Bálsamo Barreiro de Brinks con 149 UTA (US$ 115 mil); Marco Malverde de Prosegur con 134 UTA (US$ 104 mil) y Cristián Catalán de Loomis con 114 UTA (US$ 88 mil).