Dura derrota de ex juez Garzón: Corte Penal no investigará a Piñera
Desde Cancillería se informó que la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional decidió no hacer un examen preliminar respecto a las acusaciones presentadas contra el mandatario por los hechos ocurridos tras el estallido social.
La acusación fue entregada por la ONG Comisión Chilena de DD.HH., el ex juez Baltasar Garzón y la organización italiana CRED. AGENCIA UNO/ARCHIVO
Cancillería informó durante este miércoles que la Corte Penal Internacional (CPI) desestimó la acusación presentada en contra del presidente Sebastián Piñera, por supuestos delitos de lesa humanidad cometidos tras el estallido social del 18 de octubre de 2019.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó sobre el avance de la acusación que fue presentada por la ONG Comisión Chilena de DD.HH., el ex juez Baltasar Garzón y la organización italiana CRED.
“La Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional ha notificado al Estado de Chile su decisión de no iniciar un examen preliminar respecto de las alegaciones formuladas sobre los hechos que tuvieron lugar en el marco de las protestas que ocurrieron en Chile en 2019”, señaló el texto.
Según la cartera, “con esta decisión la Oficina del Fiscal, después de evaluar todos los antecedentes disponibles, descarta fundadamente que existan antecedentes sobre situaciones que puedan ser consideradas delitos sobre los que la Corte Penal Internacional tenga jurisdicción, concluyendo que las situaciones que le han sido comunicadas carecen del mérito necesario para abrir un examen preliminar de las mismas”.
“Sin perjuicio de lo anterior, el Estado de Chile reafirma su compromiso con la búsqueda de la justicia y con el trabajo que realizan la Oficina del Fiscal y la Corte Penal Internacional, y seguirá cooperando en todo lo que sea necesario y le sea requerido”, cerró el texto.
Tanto el ex juez Garzón como las organizaciones patrocinantes de la demanda pedían a la Corte de La Haya iniciar un juicio en contra Piñera, apuntando a su eventual responsabilidad en los episodios de violencia policial ocurridos entre octubre de 2019 y febrero de 2021, acusando además “una demora injustificada” de los procesos judiciales en el trámite de denuncias contra efectivos de Carabineros y las Fuerzas Armadas investigados por hechos constitutivos de delito.
