INDH condena dichos de general Cuéllar: “Nos preocupan enormemente”
El director del INDH, Sergio Micco, acusó que el emplazamiento del jefe de la Defensa Nacional no ayuda a hacer respetar el estado de derecho.
El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, condenó las declaraciones del jefe de Defensa Nacional de la Región de La Araucanía, Luis Felipe Cuéllar, quien emplazó a los grupos terroristas de la macrozona sur a enfrentar al Ejército y no a civiles.
Según explicó Micco a través de un comunicado, desde el 2016 el INDH viene denunciando en su informe sobre violencia rural que el Estado de Chile “está incumpliendo gravemente su deber de garantizar derechos tan fundamentales como el derecho a la vida”, lo que quedó una vez más en evidencia tras la muerte de un trabajador forestal y de un parcelero en Cañete y Collipulli, donde el Ministerio Público debe dar a conocer “lo más prontamente posible, las circunstancias que rodearon estos hechos, que Chile lamenta y condena”.
Eso sí, el director del INDH precisó que “la violencia debe parar y el uso de la fuerza física legítima debe respetar las normas internas y del derecho internacional de los derechos humanos”.
“En este sentido, nos preocupan enormemente las declaraciones del general jefe de la Defensa Nacional de la Araucanía, quien desafió a los que denominó cobardes a que ataquen a sus soldados y anunció que habrá bajas”, agregaron.
En esta línea, el director del organismo que vela por el respeto de los derechos humanos acusó que “no es el lenguaje que se espera de un militar chileno”, pero además, “no ayuda en nada a hacer respetar el estado de derecho, al que se le presenta como el ejercicio de una fuerza militar beligerante”.
“Además, confirma que ni el Ejército en la Araucanía, ni la Armada en Biobío, están llamados a cumplir funciones policiales, como el propio general lo declara. Carecen de equipamiento, medios pertinentes o capacitación adecuada”, profundizó Micco.
Por último, el INDH anunció que desde la próxima semana constituirán una oficina en la provincia de Malleco para observar si se cumple “el derecho y la ley al momento de garantizar el pleno respeto de los derechos humanos”.