Chile se estancó en ranking de Transparencia Internacional
El informe dejó al país como el segundo menos corrupto de Latinoamérica, quedando con una oportunidad de mejora con la incorporación de elemento de anticorrupción en la nueva Constitución.
Chile ha permanecido estancado en los 67 puntos desde 2017. AGENCIA UNO/ARCHIVO
La organización Transparencia Internacional (TI) entregó durante este martes los resultados de su Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) de 2021, el que dejó a Chile entre los países menos corruptos de la región, pero con un estancamiento sostenido durante los últimos años.
Nuestro país obtuvo 67 puntos, siendo superado por Uruguay, que lidera el ranking con 73 unidades de un máximo de 100. Venezuela (14) y Nicaragua (20) siguen siendo los países más corruptos de Latinoamérica según ese índice.
Luciana Torchiaro, asesora regional para América Latina de TI, señaló que ha existido un estancamiento regional generalizado en todo el continente, la que se ha complementado con las fuertes caídas de puntuaciones de Chile, Guatemala, Honduras, Nicaragua o Venezuela, las que fueron descendiendo durante los últimos diez años.
En declaraciones consignadas por la agencia EFE, la experta afirmó que este estancamiento no solo “ha socavado la democracia y los derechos humanos”, sino que también ha reincidido en los índices de pobreza y desigualdad y afectado a la lucha contra la pandemia.
En el análisis se abordaron los casos de países como México y Argentina, los que han perdido puntos debido a diversos escándalos judiciales o asociados a la vacunación contra el COVID-19.
En cuanto a Chile, el reporte precisó que sigue estancado en los 67 puntos desde 2017. Los escándalos de corrupción relacionados con la política o con las fuerzas de seguridad conocidos en estos diez años, como el Pentagate de 2014, han socavado la confianza en las instituciones en el país, que sigue lejos de los 73 puntos que llegó a alcanzar.
De todas maneras, TI afirmó que el país tiene una “oportunidad única” para revertir esto a través de la incorporación de elementos de anticorrupción en la redacción de la nueva Constitución.
