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15 de Abril de 2022

Gobierno mantendrá protección policial y militar tras fin de estado de excepción en el norte

Este viernes vencerá la medida, que estuvo vigente por casi dos meses debido a la crisis migratoria en la zona fronteriza.

Por Sebastián Dote
El estado de excepción estuvo vigente desde febrero de este año. AGENCIA UNO/ARCHIVO
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Este viernes llegará a su fin el estado de excepción constitucional en las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugual y El Loa, en la macrozona norte del país, el que estuvo vigente desde febrero de este año debido a la crisis migratoria que afecta a las localidades fronterizas.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, visitó la zona para el proceso de desescalada y aseguró que se mantendrá vigente el decreto 265 (publicado durante la administración anterior) que permite mantener a personal policial y militar, por lo que “el control de la frontera se va a ver absolutamente inalterado”.

“El estado de excepción termina, pero el Gobierno va a mantener vigente el decreto 265 que permite mantener a todo el personal policial, pero también a todo el personal de las Fuerzas Armadas y a todo el equipamiento de apoyo para el control de las fronteras”, explicó la autoridad en declaraciones consignadas por Emol.

El subsecretario añadió además que “el control de la frontera se va a ver absolutamente inalterado a partir del término del estado de excepción”.

“Es evidente la inseguridad que viven los ciudadanos, el aumento de la percepción de inseguridad, y los hechos violentos de los cuales son testigos y generan inseguridad tienen que ver con la presencia de crimen organizado. Por eso hemos pedido particularmente a la Policía de Investigaciones (PDI) tomar acciones respecto a la lucha contra el crimen organizado en la macrozona norte. La PDI tiene una brigada de la macrozona norte justamente para abordar esta característica que no tiene límite regional”, comentó.

El decreto autoriza la colaboración de la Fuerzas Armadas con las autoridades civiles y policiales competentes para actuar en relación a actividades que se vinculen al tráfico ilícito de migrantes, y al narcotráfico y crimen organizado transnacional, en el marco de las facultades que la Constitución y la ley les otorguen, en zonas fronterizas del territorio nacional.

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