Camioneros emplazan al Gobierno tras ataque en Los Álamos: “La provincia de Arauco es una tierra sin ley”
La Confederación de Dueños de Camiones (CNDC) afirmó que la autoridad “está totalmente sobrepasada” por los hechos de violencia en la macrozona sur.
La Confederación de Dueños de Camiones (CNDC) emplazó al Gobierno por el atentado incendiario registrado durante este jueves en la comuna de Los Álamos, en la región del Biobío, el que dejó más de 25 camiones destruidos y diversa maquinaria quemada.
Según los antecedentes preliminares, un grupo de desconocidos ingresó a una empresa de áridos y amenazó a los trabajadores, para luego prender fuego en todas las maquinas que se encontraban estacionadas. Los testigos reportaron disparos en el lugar.
En un comunicado, la organización gremial señaló que “una vez más esta Confederación debe levantar la voz para denunciar un nuevo hecho de violencia terrorista en el sur, situación que afectó hoy a la empresa de camiones y áridos Transa, a cuyos trabajadores y propietarios expresamos nuestra solidaridad”.
“El atentado en Los Álamos, sector Los Ríos, demuestra que la provincia de Arauco es una tierra sin ley, con la autoridad completamente sobrepasada y sin atinar a ningún paso que devuelva, al menos en parte, la seguridad a quienes viven y trabajan en la zona”, agregó.
La organización añadió que “los camioneros somos gente de trabajo y es inaceptable que de una plumada sean incendiados 25 camiones, con el agravante de que ya sean hechos comunes. No es posible estar sometidos todos los días a las acciones de terroristas y bandas armadas irregulares que atentan contra nuestros conductores, los baleen como al colega Ciro Palma o al trabajador amenazado de muerte en el atentado de esta mañana”.
“Así las cosas, no se advierte ninguna solución, pese a que esta Confederación ha planteado intensificar los patrullajes policiales, con carros blindados seguros, que no sean presa fácil de los delincuentes”, agregaron.
Los transportistas afirmaron además que esperan “de quienes están a cargo del orden público, restaurar el estado de derecho en la Macrozona Sur”.