Justicia ordenó indemnizar a Héctor Llaitul con $12 millones por torturas en dictadura

El Séptimo Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización de $12 millones por concepto de daño moral a favor del actual líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, por torturas sufridas durante la dictadura militar.

La resolución se centró en hechos ocurridos el 28 de abril de 1988, cuando el actual representante de la organización radical mapuche era estudiante universitario. En aquel entonces fue detenido por Carabineros, quienes lo llevaron a la Comisaría Central de Valparaíso, y posteriormente a la Cárcel de Quillota, penal donde estuvo incomunicado y sometido a torturas por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI).

En la sentencia, la magistrada Carolina Ramírez Reyes estableció que se encuentra acreditado que el demandante fue víctima de un crimen de lesa humanidad, imprescriptible tanto en el ámbito penal como civil.

“Don Héctor Javier Llaitul Carrillanca, se encuentra calificada como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctima de Presión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech II, Registro N° 4711”, señaló la resolución.

El tribunal agregó que “los hechos establecidos en el motivo décimo precedente, conducen a establecer la responsabilidad del Estado en la detención y tortura de don Héctor Javier Llaitul Carrillanca”.

Llaitul había interpuesto la demanda por $200 millones, pero el fallo determinó que “al momento de determinar el monto de la indemnización, se tendrá presente que resulta un hecho no controvertido que el actor fue víctima de violación a los DDHH, sin embargo, la prueba rendida, impide a este tribunal acceder a la demanda en los términos y montos solicitados”.

El líder de la CAM hizo noticia durante los últimos meses, ya que llamó a “organizar la resistencia armada” en medio del decreto de Estado de Excepción en la Macrozona Sur.

El Gobierno condenó sus declaraciones, pero finalmente no presentó una querella en su contra, asegurando que perseguía “delitos, no opiniones”. La postura del Ejecutivo fue criticada por la oposición, que exigió mayor firmeza frente a las declaraciones amenazantes.