Víctor Aparicio Basauri, consultor en salud mental: “No podemos seguir medicalizando el sufrimiento”
Con un abultado currículo como director de hospitales y programas siquiátricos en España, este médico vasco radicado en Asturias, fue el orador principal en el lanzamiento de un estudio sobre discapacidad mental e inclusión social. Aquí habla de la tendencia a terminar con “los manicomios”, del abuso del sistema de bienestar y de su amigo Cristóbal Colón, un sorprendente innovador social.
Mil camas tenía el Hospital Psiquiátrico de Asturias, cuando el médico Víctor Aparicio Basauri (73) se hizo cargo de su dirección. Acorde con la Reforma Psiquiátrica de 1985 en España, en pocos años ese número bajó a doscientas, porque lo moderno, lo actual, lo recomendado en materia de salud mental, es la des-institucionalización.
Esto significa terminar con las instituciones para personas con discapacidad mental. Con los manicomios, como se les llamó en el siglo 15, cuando nacieron, justamente en España. El primero del mundo se abrió en Valencia en 1409.
“Hospitales de inocentes”, se les bautizó con ternura, aunque no tardaron en convertirse en lugares siniestros, donde reinaban el abandono, el aislamiento, la pobreza y la masificación hasta bien entrado el siglo 20.
–La tendencia actual es contar con unidades psiquiátricas dentro de los hospitales comunes. Y con redes comunitarias de servicios de salud mental, donde caben los centros de día y las comunidades terapéuticas, entre otros. En España hablamos de “superar la institución” –precisa el experto.
Víctor Aparicio Basauri fue el orador principal en la presentación del estudio “Trayectorias de Inclusión Social de Personas con Discapacidad Mental en Contextos de Pobreza y Vulnerabilidad”, que se lanzó la semana antepasada en el Centro Cultural La Moneda y que fue desarrollado por la Dirección Social Nacional del Hogar de Cristo.
Como asesor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), conoce bien nuestro país.
Es más, en 2010, fue mandatado a evaluar el cierre del Hospital Psiquiátrico de Putaendo, muy dañado por el terremoto. “Finalmente, se resolvió que siguiera en funcionamiento, porque atendía además a población forense; es decir, a pacientes en conflicto con la justicia, lo que complejizaba cualquier decisión”.
En el mismo seminario, el representante del Ministerio de Salud, Pablo Norambuena, señaló que en Chile hoy existen sólo 4 hospitales psiquiátricos y se han creado ya cien Centros de Salud Mental (COSAM), se ha aumentado las plazas en unidades de corta estadía y hogares y residencias protegidas, lo que coincide con el énfasis comunitario que ha guiado la Política Nacional de Discapacidad Mental desde el 2000. Esto pone de manifiesto la tendencia actual en Chile, que se basa en una aproximación de derechos de las personas con discapacidad mental.
Así lo explica el psiquiatra español:
–Terminar con los grandes hospitales psiquiátricos tiene varias ventajas. Lo primero es que estas instituciones grandes centralizan los servicios y los lugares más alejados del país quedan sin atención. Esto explica en parte el abandono de los pacientes en los antiguos manicomios. Las familias pobres, a veces rurales, los dejaban ahí y muy de tarde en tarde podían visitarlos.
Los olvidaban.
Otra razón, dice el experto, es “la estigmatización que genera la propia institución, donde además no había mejora ni rehabilitación. Las personas simplemente permanecían ahí, encerradas, con lo cual el deseo humano natural de un propósito, de un quehacer, de un motor, no existía. Eran instituciones de silencio, de incomunicación, donde las personas ni siquiera conversaban entre ellas”.
Recuerda a propósito una anécdota, que suena casi literaria o cinematográfica:
–Cuando me hice cargo del Psiquiátrico de Asturias en los años 80 y empezamos con la reforma, un grupo de enfermeras, decidió hacer un paseo de una semana con una decena de internos mayores de 70 años a un balneario en el mar Mediterráneo. Recuerdo cuando frente a la iniciativa empezaron a aparecer las barreras y problemas. Muchos médicos creían que podía ser un desastre, que se podían dañar, caer, descompensar. Finalmente, logramos que hicieran el viaje. Al volver, las enfermeras estaban maravilladas. Un varón, que no tenía comunicación con nadie, que en verdad no hablaba, se pasó toda la semana expresando sentimientos: lo bonito del océano, de la brisa, de los niños en la playa. Sus cuidadoras estaban maravilladas. Era claro que la exclusión suele estar mucho más en los profesionales y en las propias comunidades que en las personas con discapacidad mental”.
Cuenta que las enfermeras entonces consideraron que lo vivido había sido “casi un milagro”.
“Qué bien les ha venido esta excursión a los internos”, volvieron diciendo. Y el siquiatra les respondió: “Los más beneficiados hemos sido nosotros, los profesionales, porque nos hemos dado cuenta de que ese hombre no hablaba, porque llevaba veinte años encerrado ahí adentro. Qué iba a comunicar. Qué iba a contar. Aquella semana los que mejoramos fuimos los equipos médicos, porque descubrimos que muchas veces somos nosotros, todos los demás, los normales, quienes les ponemos barreras a las personas con discapacidad mental”.
El Cristóbal Colón del Psiquiátrico
Pero no en todo el mundo los psiquiátricos están en retirada. El experto internacional señala que el criterio no es homogéneo y depende mucho de cada realidad local.
–Reino Unido, España, Alemania los están cerrando, pero hay países de gran nivel de desarrollo, como Francia y Bélgica, que no los han tocado. Ahí, el modelo se mantiene. En América Latina pasa lo mismo. Lo relevante hoy es el concepto de inclusión. Los antiguos manicomios eran lugares de reclusión, donde se apartaba no sólo a las personas con discapacidad mental, sino a cualquiera que fuera diferente. Eran lugares de confinamiento. Quiero recordar que cuando yo estudié psiquiatría a los homosexuales se les recluía o se consideraba que debían ser sometidos a tratamientos conductuales en instituciones psiquiátricas. Hoy eso nos horroriza, nos parece inhumano, pero la sociedad moderna, que edulcora las cosas, sigue excluyendo, ya no como antes, pero igual lo hace.
–¿Dónde? ¿Cómo?
–Es muy evidente la exclusión en el campo laboral, por ejemplo. Ahí, cualquiera que tenga una conducta considerada disruptiva es rápidamente marginado. Es lo que pasa con las personas con discapacidad mental. Citaré un ejemplo brutal que está documentado en libros en mi país: en un hospital psiquiátrico de España una persona que se dedicaba a cuidar cerdos fue destinada a cuidar “locos” en una institución. Se le consideró apto para ese trabajo y se lo reconoció así, lo que es una barbaridad. Como director de un enorme hospital psiquiátrico, donde siempre había problemas de recursos y de personal, en una oportunidad vi cómo de un momento a otros nos enviaron a un administrativo, a un trabajador social, a profesionales que habíamos solicitado con insistencia. Las personas que nos mandaron tenían antecedentes de discapacidad mental y pensaban que en el Psiquiátrico los entenderíamos. Era una manera de “deshacerse” de ellos. De meterlos por debajo de la puerta del lugar donde alguien pensó que correspondían.
Víctor Aparicio Basauri rescata la experiencia de empresas sociales privadas de su país, a las que considera claves para apoyar y complementar las leyes e iniciativas estatales. Una bien notable que nos menciona es La Fageda, creada por Cristóbal Colón.
Un Cristóbal Colón actual, que no tiene nada que ver con el que “descubrió” América.
Este Colón es psicólogo y fundador de una cooperativa que fabrica yogures y otros productos lácteos, ubicada en Gerona, España. La idea de montar una empresa surgió cuando dirigía un manicomio, y se encontró con la dificultad que tenían los enfermos mentales para conseguir una oportunidad de trabajo. En 1982, decidió crear La Fageda, que hoy tiene un 56 por ciento de trabajadores con discapacidad mental, es la tercera empresa de productos lácteos más importante de la provincia y factura más de 15 millones de euros anuales.
Acá, en Chile, no hay nada comparable ni en magnitud ni en diseño.
En 2017, se promulgó la Ley 21.015, que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral. Y dispone que tanto organismos del Estado como empresas que cuenten con cien o más trabajadores, tengan al menos un 1% de personas con discapacidad en relación al total de sus trabajadores. Además, elimina la discriminación salarial por discapacidad mental. En relación a esta última discapacidad, la ley ha andado mucho más lento que con la física y en el sector público entra en conflicto con la normativa que exige enseñanza media completa a los empleados fiscales, cosa altamente improbable que tenga una persona con discapacidad mental.
Estrés no es enfermedad mental
Otro de los elementos esenciales para lograr la esquiva inclusión son “los lugares de vida”, dice Víctor desde Asturias.
–Tal como el trabajo es un valor social, porque otorga un espacio de dignidad, de sentido y la posibilidad de obtener ingresos, el contar con hogares o pisos protegidos es clave para alcanzar la autonomía y la inclusión de quienes tienen discapacidad mental. Ambos elementos requieren que los sujetos sean activos, que sean ellos los que dirijan sus vidas, no que otros decidan por ellos. En muchos países se ha avanzado en legislaciones, como en Chile con la Ley de Inclusión Laboral, pero igual las personas con discapacidad mental siguen encontrando barreras. Por eso destaco el valor de las empresas sociales como la de Cristóbal Colón, donde muchos de los trabajadores con discapacidad eran residentes del antiguo Hospital Psiquiátrico de Salt que salieron del encierro y hoy tienen vidas propias. Esos son proyectos visionarios con los que el Estado debería comprometerse.
–Otro escollo, que señala el estudio del Hogar de Cristo que presentaste es el bajo presupuesto que destinan los países a la salud mental. ¿Qué piensas del tema?
–Cada cuatro años la Organización Mundial de la Salud (OMS) hace un atlas mundial, agrupando a los países en cuatro grandes grupos: pobres, medios bajos, medio altos y altos, y ve cuánto destina cada uno del presupuesto total de salud a lo mental. Hay que compararse en relación al propio grupo y aspirar a estar sobre el promedio de ese conjunto de países. Eso es lo importante, porque suena razonable que un país pobre priorice las grandes enfermedades mortales, como malaria, por sobre las mentales. Pero siempre hay que aspirar a más. España está en el 5 por ciento del presupuesto total para salud mental y debe mejorar, lo mismo Chile que está sobre el 2 por ciento, más ahora, porque las necesidades en materia de salud mental han crecido por el envejecimiento de la población. Hoy las personas viven más años, incluidas las con discapacidad y eso exige más atención. Afortunadamente, Chile ha avanzado en programas comunitarios.
–Mucho se ha hablado del impacto que tuvo la pandemia sobre el estado de salud mental de la población en todo el mundo. ¿Cómo evalúas ese efecto?
–Creo que la pandemia ha generado cierta confusión en cuanto a la salud mental. La pandemia ha generado mucho estrés. ¿Qué es el estrés? La expresión del sufrimiento humano. Obviamente, entre quienes viven en vulnerabilidad y pobreza la crisis sanitaria, social y económica que desató el COVID-19, el sufrimiento se acentúa, pero, al desaparecer o controlarse la pandemia, ese sufrimiento disminuye. El estrés no es una enfermedad mental; eso quiero que quede claro. Por eso comparto el juicio del relator de la OMS cuando señaló que no podemos medicalizar el sufrimiento humano, que es lo que se ha estado haciendo en el mundo.
En ese sentido, el experto hace notar una distorsión que el término de las instituciones psiquiátricas por consideraciones de respeto a la dignidad y a los derechos de todas las personas ha provocado en España, haciendo más común y menos mal visto un diagnóstico de discapacidad mental, lo que ha derivado en abusos generalizados:
–Hay quienes se aprovechan del sistema de bienestar y consiguen jubilaciones en razón de supuestas discapacidades mentales que no son tales. Ese es un abuso común de los beneficios sociales acá en España. Esa conducta se ha puesto en evidencia cuando algunos “supuestos” discapacitados mentales se ven obligados por ley a renovar su licencia de conducir, la que no se otorga a quienes tienen recetados medicamentos pscicotrópicos, como las benzadiazepinas. Ahí el encargado nacional de entregar estas licencias ha sido bien claro al decir: “Pon en la balanza tu baja por incapacidad o el carnet de conducir; ambas no puedes tenerlas”.
Esto tiene que ver con la pillería de algunos y con la tendencia a medicalizar el sufrimiento humano.