Piñera es denunciado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad
Por su parte, los denunciantes también cuestionaron el actuar del Poder Judicial chileno, acusándolo de generar un ambiente de impunidad durante el estallido social.
Indicaron que entre octubre de 2019 y abril de 2021 han persistido "los ataques a la población civil por parte de los agentes del Estado". AGENCIA UNO/ARCHIVO
Organizaciones de defensa de los derechos humanos presentaron una denuncia contra el Presidente Sebastián Piñera ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad por lo sucedido en las diversas manifestaciones, en el marco del estallido social.
La acción judicial fue interpuesta por el ex juez Baltasar Garzón, recordado por ordenar la detención de Augusto Pinochet en Londres, y es respaldada por organismos como la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED).
Los involucrados en la acción presentada en La Haya señalaron en un comunicado que “los homicidios, la tortura, la tortura sexual, los traumas oculares, mutilaciones y pérdidas de visión, las lesiones graves, las detenciones arbitrarias, cometidas por agentes estatales en contra de miles de habitantes de nuestro país, en el marco de la aplicación de una política de violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos, muchas de ellas constitutivas de crímenes de lesa humanidad, no pueden quedar en la impunidad, según lo establece la normativa internacional de los derechos humanos vigente en Chile, como el Estatuto de Roma, que fuera ratificado por el Estado de Chile, el 29 de junio del año 2009”.
Junto con ello, los denunciantes aseguran que desde el Ejecutivo liderado por Sebastián Piñera no han cumplido con las recomendaciones formuladas en diciembre de 2019 por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a cargo de Michelle Bachelet.
En tanto, indicaron que entre octubre de 2019 y abril de 2021 han persistido “los ataques a la población civil por parte de los agentes del Estado (…) mediante patrones de conducta apartados de los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y el respeto a los derechos Humanos”.
Por su parte, también cuestionaron el actuar del Poder Judicial chileno, acusándolo de generar un ambiente de impunidad, que “se ha expresado en imponer y mantener medidas cautelares de prisión preventiva a miles de manifestantes de la revuelta social, y en cambio, ha liberado de responsabilidad a los agentes del Estado y autoridades de los altos mandos y autoridades civiles aquiescentes, involucradas en las violaciones masivas, graves y sistemáticas cometidas desde Octubre de 2019 a la fecha”.
“La omisión que ha hecho el Ministerio Público de su deber constitucional y legal de investigar, al disponer el cierre de más del 55% de las investigaciones que se originan por denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado, impidiendo con ello, el acceso de las víctimas al derecho a la Justicia”, puntualizaron.
