Cámara aprueba proyecto que entrega indemnizaciones a víctimas del estallido social

La Cámara de Diputados aprobó en general, por 76 votos a favor, 48 en contra y 16 abstenciones, el proyecto que establece que las víctimas de lesiones en el marco del estallido social accedan a un procedimiento judicial rápido y expedito, con la consiguiente indemnización.

En la propuesta, que vuelve a la Comisión de Derechos Humanos por ser objeto de indicaciones, plantea disminuir el estándar probatorio para que las víctimas accedan a la justicia reparatoria, tomando como base que el Estado ha incurrido en falta de servicio al no proteger los derechos a la vida y a la integridad física y psíquica de los manifestantes o quienes se encontraban presentes en lugares en que se desarrollaban manifestaciones sociales.

Para la aplicación de esta norma, se entenderá como víctima a toda persona que, individual o colectivamente, hubiese sufrido lesiones físicas o psíquicas, mutilaciones, tortura, apremios ilegítimos, vejaciones, violencia sexual o a quienes se les hubiese provocado la muerte, como consecuencia de acciones u omisiones de agentes del Estado, bajo el contexto de movilizaciones en el estallido social.

Todo lo anterior, sin perjuicio que dichas personas hubiesen estado no participando de tales movilizaciones, ni de las investigaciones que se estén realizando en su contra o de condenas emanadas de la justicia penal, tanto a nivel nacional como internacional.

Además, se establece que se considerará víctima, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y se presumirá como tales a quienes hayan hecho denuncias de este tipo en una serie de organizaciones detalladas en el texto.

También, se señala que la indemnización que deba otorgarse tendrá que ser de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la vulneración.

En su análisis en la Sala, parlamentarios oficialista criticaron el contenido del proyecto, calificando como una “discriminación arbitraria” que se deje fuera de la categoría de víctimas a aquellas personas que hubiesen sufrido daños en el ejercicio de sus funciones, que sean miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, del Ejército y de la Armada de Chile.

Del mismo modo, se refutó que la norma señale que las acciones que emanan de esta ley sean imprescriptibles y que se permitiera incluir en el informe pericial la opinión, entendida como una interpretación de la relación probable entre los síntomas físicos y psicológicos y las posibles lesiones, castraciones, violencia sexual, tortura o malos tratos y la recomendación de un tratamiento médico, psicológico o de nuevos exámenes.

Quienes respaldaron la propuesta argumentaron que lo que se busca es hacer justicia con las víctimas del estallido social estableciendo la obligatoriedad del Estado de reparar las lesiones, situación que, hasta la fecha, no ha ocurrido en la gran mayoría de los casos.