Programa presidencial de Jadue: las medidas más polémicas con las que busca llegar a La Moneda

El programa de Gobierno presentado por el abanderado presidencial del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, no dejó indiferente a nadie, debido a que busca poner fin al sistema de las AFP, legalizar la marihuana, implementar una reforma tributaria para recaudar entre 8 y 10 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) y disminuir la jornada laboral de 36 a 49 horas entre otras medidas.

Los candidatos de Chile Vamos calificaron como “irresponsables” las medidas. Sebastián Sichel (IND), afirmó que “hay una obsesión con robarle o con quedarse con los recursos de las personas que ahorran por el fruto de su trabajo todos los días”.

En paralelo, el candidato de la UDI, Joaquín Lavín, cuestionó que al interior del documento de 209 páginas publicado por Jadue no existan medidas para la recuperación de empleos afectados por la pandemia.

“¿Cuáles son las medidas reactivadoras de la economía del programa de Jadue? Ninguna. ¿Cuánto empleo va a crear el programa de Jadue? ¿Y cómo va a combatir el tráfico y la delincuencia? ¿Legalizando la marihuana? No”, criticó el saliente alcalde de Las Condes.

Cuestionamientos que surgieron pese a que el propio Daniel Jadue afirmó durante la presentación de su programa que “no hay ninguna nacionalización”, ni tampoco, “esa ola estatizadora que algunos piensan”.

Los planes de Jadue de llegar a La Moneda

En el programa de Gobierno con el que Daniel Jadue busca convertirse en presidente, existen otras medidas igual o más polémicas que buscará implementar si llega a La Moneda.

Recaudación estará a cargo de súper ricos y del royalty minero

• Avanzar en un sistema tributario más justo, que recaude más, que se haga cargo de la evasión y elusión. Royalty minero a los recursos naturales.
• Impuesto a los súper ricos permanente.
• Desintegrar el impuesto a la renta en el caso de las grandes empresas.
• Modificar los tramos y las tasas de impuestos sobre ingresos superiores a las 90 UTM.
• Mayor recaudación tributaria entre 8 y 10 puntos del PIB.

Repartición de utilidades de empresas a trabajadores

• Aumento escalonado del sueldo mínimo para llegar en cuatro años a $567 mil, por sobre la línea de la pobreza.
• Disminución de la jornada laboral a 40 horas y pensar en llegar a 36 horas. Ampliar la cobertura de la negociación colectiva.
• Repartir el 30% de las utilidades entre las y los trabajadores.
• Reconocer y remunerar el trabajo doméstico a un valor del 75% del sueldo mínimo…

Retiro del 100% de los fondos y fin de las AFP

• Un sistema de seguridad social basado en el concepto de la “escalera de la seguridad social”.
• Mejorar las pensiones actuales de 2,2 millones de jubilados, en un promedio del 53%.
• Se propone una pensión básica universal para todas las jubiladas igual a un 75% del sueldo mínimo.
• Fin de las AFP y retiro del 100% de los fondos de pensiones. Los recursos podrán ser incorporados en un nuevo sistema de seguro social de forma voluntaria.

Municipios deberán pasar el 100% de sus recursos al Fondo Común

• Se propone llevar todas las iniciativas populares de Recoleta, como óptica y farmacia, a distintas comunas del país.
• Modificar la ley orgánica municipal y dotarlas de mayor autonomía de sus recursos humanos y financieros.
• Los ingresos propios de cada municipio debiesen ir al Fondo Común Municipal para distribuirlos de manera equitativa entre todas las comunas.
• Fin al pago del IVA de los municipios para ahorrar $200 mil millones anuales.

Fin del sistema de asignación de las aguas

• Terminar con el actual sistema de asignación del agua, el cual, de acuerdo al programa de Daniel Jadue, “está diseñado como un mercado donde se transan derechos de aguas, mal regulados y sin criterio científico de disponibilidad del recurso para su distribución”.
• Hacer efectivo el principio del agua como un bien nacional de uso público, democratizar el derecho a su acceso, fomentar su conservación y consumo racional.

Sistema de justicia con jurados populares y fin de la Ley de Seguridad del Estado

• Se creará un Consejo Nacional de la Magistratura y del Ministerio Pública que tenga como facultad el nombramiento de jueces y fiscales, así como ejercer funciones correccionales sobre estos. Estará conformado mayoritariamente por juezas y jueces elegidos de manera democrática por todos sus pares del país.
• Este consejo estará a cargo del nombramiento de jueces, juezas, ministros y ministras; y también del fiscal Nacional y fiscales regionales.
• Se derogará la Ley de seguridad Interior del Estado para que los tipos penales que allí se establecen dejen de ser invocados en el contexto de manifestaciones sociales que, según el programa de Jadue, “en nada atentan con la seguridad del país”.
• Se establecerá en materia penal el juicio por jurado para fortalecer el sistema acusatorio con real participación y legitimidad ciudadana, haciendo que los ciudadanos juzguen a sus pares, democratizando la justicia, mejorando su calidad y su acceso.

Restitución de “tierras usurpadas” e imposibilidad de privatizar semillas

• Reconocer la legitimidad de distintas formas de propiedad y usufructo de la tierra (privada, individual, colectiva, comunitaria, estatal, pública, cooperativa). Reconocer y garantizar el acceso a la tierra de todos y todas quienes la trabajen directamente.
• Establecer la obligación del Estado y todas las instituciones de garantizar el acceso a la tierra de las mujeres y jóvenes. Establecer el derecho a la restitución de tierras usurpadas a los pueblos originarios y campesinos.
• Reconocer las semillas como patrimonio de los pueblos y de la nación, que han sido desarrolladas por miles de años de trabajo de comunidades campesinas e indígenas, especialmente por el trabajo de las mujeres de campo.
• Establecer el deber del Estado de impedir cualquier política, legislación, reglamentación o medida que limite el libre uso, intercambio, mejoramiento y conservación de las semillas.
• Prohibición de privatizar las semillas, los animales y otras formas de vida, incluidos los procesos vitales, los componentes y estructuras celulares, genéticas y químicas de ellas.
• Prohibición de la producción, uso, consumo e importación de cultivos y alimentos transgénicos en el país, incluida la prohibición de producción de semillas transgénicas.

Derecho a la vivienda prima sobre la propiedad privada

• Bajo ningún punto se considerará el uso de la fuerza para el desalojo de asentamientos precarios, lo cual estará garantizado cuando el derecho a la vivienda prime por sobre el derecho a la propiedad privada.
• Implementar, a través de las Inmobiliarias Populares, una política de construcción de viviendas públicas de carácter masiva, de bajo costo, de diversas tipologías y con una localización óptima para acceder a las oportunidades urbanas, a través de subsidios de arriendo a precio justo. Se fijará el 10% de la renta autónoma del hogar como máximo para el pago del arriendo.