Presidente de funcionarios de Migraciones asegura que ministra Siches “se apresuró en dar la información”
Pedro Guerrero espera que el sumario que se inició pueda esclarecer lo ocurrido con las declaraciones de la titular de Interior.
El presidente de la Asociación de Funcionarios de Migraciones, Pedro Guerrero, se refirió a las declaraciones que entregó la ministra del Interior, Izkia Siches, durante la semana respecto a información errónea sobre la expulsión de un grupo de migrantes venezolanos.
En conversación con El Mercurio aseguró que “a nosotros nos sorprendieron las declaraciones de la ministra del Interior, ya que como funcionarios públicos y como funcionarios del servicio tenemos claro cuál es el procedimiento para estas expulsiones judiciales”.
Guerrero precisó que la responsabilidad de coordinar dicho proceso “son tanto el tribunal de garantía con el Ministerio del Interior y la PDI, que son los que están a cargo de materializar las expulsiones judiciales ordenadas por un tribunal”.
El presidente de los funcionarios de Migraciones sostuvo que la ministra Siches “se apresuró en dar la información” y que “debió haberla confirmado respecto a lo que señaló en la Cámara de Diputados”.
“Pero hoy día, de todas formas, lo más importante para nosotros como asociación de funcionarios es poder implementar la nueva Ley de Migraciones, poder establecer cómo los mecanismos para poder agilizar los procedimientos administrativos de las solicitudes de residencia de los extranjeros”, agregó.
Para Pedro Guerrero es muy importante que el sumario esclarezca las responsabilidades de la información que recibió la titular de Interior. “Está bien que exista una investigación sumaria para que se puedan esclarecer los hechos respecto a quiénes, en este nuevo organigrama son los responsables de dar información o de coordinar estas expulsiones judiciales”, indicó.
Este viernes el Ministerio Público anunció que abrió una investigación penal respecto a la fallida expulsión de extranjeros a la que hizo mención la ministra Izkia Siches. La indagatoria busca confirmar si la secretaria de Estado cometió o no el delito de omisión de denuncia al no informar estos hechos en su calidad de autoridad de Gobierno.