Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara inicia estudio para ratificar Acuerdo de Escazú

La comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados inició el estudio del proyecto que aprueba el “Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe” adoptado en Escazú, República de Costa Rica, el 4 de marzo de 2018.

El Acuerdo de Escazú es el resultado de una iniciativa de Chile como Estado, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), donde lideró el proceso de preparación y posteriormente sus etapas de negociaciones.

En la sesión, expuso la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, quien informó que es el único tratado de Latinoamérica y el Caribe que permite enfrentar todos los desafíos ambientales.

Precisó que es el único en el mundo en contener disposiciones específicas para la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. “El objetivo de las normas es establecer una suerte de democracia ambiental”, remarcó.

Urrejola, indicó que el Acuerdo de Escazú está dirigido al fortalecimiento de las capacidades de los Estados, funcionarios públicos e instituciones. Establece cooperación de los Estados partes e intercambio de buenas prácticas.”No es un Acuerdo que establezca un mecanismo especial de controversias ni sanciones”, enfatizó.

Agregó, que uno de los principios más importantes del acuerdo es el de máxima publicidad. “Apunta a que toda la información ambiental sea pública y que es deber de las autoridades difundir el acceso del público a ella”, destacó.

Acuerdo de Escazú

En particular, el tratado establece el derecho de acceso a la información. El texto busca garantizar la transparencia de la información ambiental, en su dimensión pasiva y activa.

Consagra el derecho de acceso a la participación en el proceso de toma de decisiones ambientales, particularmente respecto de proyectos o actividades de impacto significativo sobre el medio ambiente. Incluye aquellos que afecten la salud y asuntos ambientales de interés público.

Al respecto, el acuerdo establece también el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Cautela las garantías del debido proceso, para acceder a instancias judiciales y administrativas.