Comisión de DDHH analiza dificultades investigativas de causas vinculadas al estallido social

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara recibió informaciones respecto de las dificultades investigativas en las causas penales relacionadas a las víctimas de violaciones a los DD.HH. durante el estallido social.

Al respecto, el subprefecto de la PDI, Lautaro Arias, se refirió a la dotación de la brigada de DD.HH. En este contexto, precisó que, desde el año 2020 a la fecha, hay 65 funcionarios. Durante estos últimos años, la cifra no ha tenido grandes variaciones.

“Estamos claros, como PDI, cómo enfrentar el tema. Estamos trabajando arduamente en ello. Tenemos un modelo de investigación preferente y sabemos que las investigaciones son muchas y debemos priorizar las causas, no solamente en derechos humanos, sino que en todas las investigaciones”, subrayó.

En todo caso, recordó que “la PDI investiga hechos”, en tanto que es responsabilidad del Ministerio Público la calificación jurídica, del querellante o del tribunal, según lo disponga el Código Procesal Penal. Así, “el delito ya viene caratulado como es”.

En cuanto a detenciones, dijo que “la PDI realiza detenciones por flagrancia y cuando al funcionario le consta, por sus propios sentidos, que el hecho reviste caracteres de delito”. Aclaró que dichas circunstancia no se dieron respecto de algún funcionario de Carabineros, en el contexto del estallido social.

“De haberse observado una situación en qué hubiese delinquido un carabinero, sin duda, los detectives habríamos dado cumplimiento al deber de actuar”, remarcó.

Informó que, respecto de eventuales hechos delictivos cometidos por carabineros en el contexto del estallido social, de los cuáles la PDI tomó conocimiento, dentro del plazo de 12 horas de flagrancia, en su mayoría, a través de videos viralizados en redes sociales, se ha obrado conforme a las instrucciones del Ministerio Público.

“Hemos tenido contacto con los fiscales para las actuaciones, porque tienen que ser pruebas de que lo que hacemos es efectivo. La información de redes sociales, por lo general, es incompleta y debe verificarse. Las situaciones que se observan en videos podrían corresponder a legitima defensa de carabineros”, explicó.

La directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales, de la Fiscalía Nacional, Ymay Ortiz, relató que se les han informado, desde regiones y, especialmente, desde la Metropolitana, de cambios en equipos de la PDI.

“Entendemos que los funcionarios deben crecer y evolucionar, pero no puede ser en desmedro de la calidad investigativa. Es decir, hay información que es muy difícil traspasar en papel y estos cambios afectan la investigación”, puntualizó.

La funcionara precisó que, debido a lo anterior, “hay una demora en las respuestas a los requerimientos”. Igualmente, acusó reiteración de diligencias que ya fueron realizadas por los equipos antiguos”, que se vuelven hacer por qué no hay traspaso de información hacia los nuevos equipos.

En ese sentido, argumentó que hay una merma en la calidad. “Efectivamente, hay experiencia y capacidad que solo da el tiempo y esto se ha traducido, de acuerdo a lo que nos reportan los fiscales, en una merma en los resultados y las órdenes para investigar”, comentó.

En relación a que no habrían funcionarios condenados por estos hechos, dijo que, hasta enero, el reporte de la institución indica que hay 9 condenas a agentes del Estado, por causas constitutivas de delitos de violación a los derechos humanos.

En cuanto a víctimas, comunicó que hay más de 10 mil. Precisó que 3.342 son por armas de fuego y que 403 presentan lesiones oculares. Asimismo, detalló que 1.692 corresponden a niños, niñas y adolescentes; mientras que 8.855 son adultos.

“Hasta enero habían 98 formalizaciones”, alertó la profesional. Explicó que corresponden a 158 agentes del Estado, funcionarios policiales y militares. Todos ellos formalizados por algún delito relacionado a violaciones a los derechos humanos.