Pleno al día: gobiernos locales podrán emitir deuda y territorios indígenas decidirán qué impuestos cobrar
La Convención le entregó la facultad a los gobiernos locales o regionales de emitir deuda.
¿Qué pasó?
El jueves se votaron los últimos Informes de Segunda propuesta de las Comisiones de Forma de Estado y de Sistemas de Conocimientos, que terminan así su trabajo en normas permanentes.
¿Qué fue lo más destacado?
En la Comisión de forma de Estado se aprobó una norma que faculta a los gobiernos regionales y locales para emitir deuda en conformidad a lo que disponga una ley general o especial. Si bien estas normas deberán establecer ciertas regulaciones mínimas, se evitó incorporar un porcentaje máximo de endeudamiento amenazando la sostenibilidad fiscal del país (art. 15 del Informe).
Además, todas las entidades territoriales (incluyendo las autonomías territoriales indígenas) podrán establecer tasas y contribuciones dentro de su territorio conforme a una ley marco que establecerá el hecho gravado. La variabilidad e inestabilidad que esto provocará en nuestro sistema tributario es impredecible (art. 10 del Informe).
A lo anterior, se suma que al regular el principio de no afectación se establece que los tributos que se recauden, cualquiera sea su naturaleza, ingresarán al erario público del Estado “o” a las entidades territoriales según corresponda conforme a la Constitución (art. 3 del Informe).
Multiplicación de regulaciones
Sobre la Organización Administrativa se aprobó la siguiente norma: “La ley podrá conferir, a lo menos, potestades fiscalizadoras, instructoras, normativas, interpretativas y sancionatorias a los órganos de la Administración Pública. En ningún caso estas potestades implicarán ejercicio de jurisdicción” (art. 31 del Informe). La redacción es confusa pero de la expresión “a lo menos” se desprende que todos los órganos de la Administración a los que la ley confiera potestades, deberán tener de aquellas normativas, interpretativas y también sancionadoras. Esto amenaza con multiplicar significativamente las normas y regulaciones sectoriales, afectando seriamente la coherencia del ordenamiento jurídico y las posibilidades de velar por su cumplimiento.
Muy relacionado con lo anterior, la Comisión de Sistemas de Conocimientos termina su trabajo creando más órganos estatales cómo la Agencia Nacional de Protección de Datos, el Consejo Nacional de Bioética y los medios de comunicación públicos, los que se suman al largo listado de Instituciones que habrá que financiar y regular.
A la fecha, van 390 artículos aprobados.
