Pleno al día: Convención aprueba sistema de gobernanza participativo y descentralizado de las aguas
Los Consejos de Cuenca serán los responsables de la administración de las aguas, sin perjudicar la supervigilancia y demás atribuciones de la Agencia Nacional de las Aguas y otras instituciones competentes.
¿Qué pasó?
El sábado se votó el Informe de Reemplazo del segundo Informe de la Comisión de Medio Ambiente. El documento contenía 29 propuestas de artículos de las cuáles se aprobaron 16 (revisa los resultados aquí).
¿Qué fue lo más destacado?
Es complejo el cambio de paradigma que implica el nuevo Estatuto constitucional del agua. Este funcionará sobre la base de autorizaciones de uso de carácter incomerciable. Por otra parte, se crearán los nuevos Consejos de Cuenca, para administrar las aguas a través del manejo integrado de cuencas, cuya composición deberá considerar, a lo menos, la presencia de los titulares de autorizaciones de aguas, la sociedad civil y las entidades territoriales con presencia en la respectiva cuenca. La incorporación amplia de la sociedad civil abre la puerta para que la gobernanza de las aguas se realice por personas totalmente ajenas a las cuencas y las comunidades en torno a ellas, lo que amenaza con dificultar significativamente la administración y cuidado de las aguas.
¿Qué es lo más preocupante?
Es preocupante que la propuesta reconozca a los pueblos y naciones indígenas el uso tradicional de las aguas situadas en autonomías territoriales indígenas o territorios indígenas. En un escenario de crisis hídrica y siendo todavía incierto el territorio que ocuparán dichas autonomías territoriales parece una distinción que puede resultar vulneratoria de la igualdad ante la ley.
Entre los aspectos positivos, es destacable el rechazo del artículo 27 que amenazaba (entre otros aspectos preocupantes) con terminar con la minería del cobre en nuestro país al establecer que -en el caso de dicho mineral-, el Estado explorará y explotará por sí mismo, y podrá hacerlo en asociación con particulares siempre resguardando su participación mayoritaria. A saber, a nivel nacional el 72% de la producción de cobre es privada, el 9% del empleo proviene de la actividad minera y un 20% de la recaudación fiscal proviene del cobre.
Este camino que propuso la Comisión 5 ha permeado buena parte de las normas de la Convención. Más Estado y menos personas. Utilizar la Constitución para imponer un modelo ideológico de revancha, despreciando todo lo existente, incluso aquello que ha funcionado bien y ha sido destacado a nivel mundial como es el caso de la minería del cobre en nuestro país.
A la fecha, van 434 artículos aprobados.