Diputado Schubert por Acuerdo de Escazú: “Aumenta el riesgo de una interpretación equivocada y perjudicial para el Estado”

El diputado Stephan Schubert, independiente pro Partido Republicano, cuestionó la ratificación por parte de la Cámara del Acuerdo de Escazú, apuntando a que puede ser perjudicial para los intereses del Estado.

El legislador dejó en claro que ha estado participando en diferentes instancias en el Parlamento en que se han visto los argumentos a favor y en contra si nuestro país accede a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

“El mayor riesgo del Acuerdo de Escazú es la interpretación y aplicación que puedan hacer los tribunales nacionales, considerando su rango supra–legal. El amplio espacio interpretativo que permiten sus disposiciones aumenta el riesgo de una interpretación equivocada y perjudicial para el Estado. El problema es muy similar al que se enfrenta hoy en relación con la aplicación del Convenio N° 169 sobre pueblos originarios, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que siendo positivo en muchos aspectos, contiene normas que han perjudicado el desarrollo de comunidades, generando actos de discriminación que no contribuyen a la sana convivencia”, recalcó el parlamentario.

Según el representante de la Región de La Araucanía, el segundo mayor riesgo es la utilización del Acuerdo de Escazú para llevar un caso ante la Comisión/Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Es muy probable que la Comisión utilice el Pacto de Escazú para interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos, aumentando las posibilidades de condenar al Estado en estos asuntos. Además, la otra amenaza es la utilización que personas naturales o jurídicas hagan de la nueva Institucionalidad que crea el Acuerdo de Escazú. La Secretaría Ejecutiva, que está a cargo de la CEPAL, puede ejercer un rol activo en la implementación del tratado”.

Para concluir, el congresista añadió que la otra dificultad que existe con este convenio es que si se genera una disputa internacional con un país vecino ante la Corte Internacional de Justicia o un Tribunal Arbitral, un Estado podría demandar directamente a Chile por incumplir su obligación de cooperación o a través de la Protección Diplomática en defensa de una persona o empresa.