Fitch advirtió que borrador de la nueva Constitución no despeja la incertidumbre
La clasificadora de riesgos señaló que el texto no aclara cómo las nuevas normas afectarán al entorno empresarial o al gobierno, a pesar de la omisión de ideas "más radicales".
La clasificadora analizó algunos puntos de la propuesta constitucional. AGENCIA UNO/ARCHIVO
Fitch Ratings, la agencia clasificadora de riesgos estadounidense, planteó sus dudas ante el borrador de la nueva Constitución, afirmando que varios temas permanecen en la incertidumbre a pesar de la omisión de ideas “más radicales” que se debatieron en medio del proceso constituyente.
Según lo informado por Diario Financiero, la clasificadora crediticia -que la semana pasada reafirmó la nota “A-” de Chile con perspectiva estable- consideró que el texto “no aclara completamente cómo las nuevas disposiciones afectarían el entorno empresarial o el funcionamiento del gobierno”.
“También podría persistir la incertidumbre sobre qué tan efectivamente el proceso de reforma constitucional proporciona un canal institucional para abordar las tensiones sociales, especialmente si la propuesta es rechazada por el electorado”, agregó.
De acuerdo al análisis, las normas aprobadas por los convencionales “pueden afectar la solvencia soberana a través de sus implicaciones institucionales y/o políticas”, considerando las modificaciones a los “controles y balances” entre los poderes; además de los derechos de propiedad; y los derechos sociales obligatorios “con posibles implicaciones fiscales significativas”.
Aunque destacaron que algunos artículos que habrían tenido un “impacto más negativo en el entorno empresarial” han sido rechazados, los encargados de la clasificadora dieron cuenta de otros elementos, como la disposición de la Constitución existente para compensar a los propietarios de activos expropiados a precios de mercado, que sería reemplazada por un mecanismo mediante el cual el Congreso fija un “precio justo”.
Además, afirmaron que “las protecciones ambientales podrían aumentar los costos o los riesgos legales para las empresas mineras, disuadiendo la inversión”.
En cuanto a los cambios institucionales, el reporte señaló que reformar el papel del Senado podría reducir los “controles balances” al aumentar el poder de la Cámara de Diputados, que también ganaría la capacidad de proponer proyectos de ley de gastos, que hoy solo puede proponer la Presidencia.
