Comisión de Normas Transitorias aprueba acortar periodo de senadores recién electos hasta 2026
La Comisión de Normas Transitorias de la Convención Constitucional también dio su visto bueno a la instauración del quórum de 2/3 para concretar reformas constitucionales hasta 2026.
La Comisión de Normas Transitorias de la Convención Constitucional aprobó que los senadores que iniciaron su periodo parlamentario en 2022 culminen su mandato en 2026, a la espera de su ratificación por parte del pleno en la primera semana de junio.
La norma consigna que que la elección de los integrantes de los nuevos órganos del Poder Legislativo será en 2025, mientras que los elegidos para sumarse a la Cámara de las Regiones ejercerán, por única vez, sus cargos por tres años.
“Todos los integrantes del Senado terminarán su mandato el 11 de marzo de 2026, independiente de la fecha de su elección. Los actuales integrantes del Senado podrán postular a las elecciones para el Congreso de Diputadas y Diputados y Cámara de las regiones que se realizará en 2025”, precisa la propuesta.
Así, el periodo 2026-2030 de los miembros de la Cámara de las Regiones se contabilizará como el primero, independiente de cuantos años hayan estado en otros estamentos.
A esto se suma la entrega de atribuciones al Servicio Electoral para que, un año antes de las elecciones de 2025, realice las modificaciones necesarias en materia electoral para permitir que los jóvenes de 16 y 17 años puedan votar.
La propuesta de la Segpres, liderada por Giorgio Jackson, de generar una Comisión de Implementación también fue visada, señalando que el Presidente de la República convocará por decreto esta instancia, que estará integrada por “diversos sectores de la sociedad, incluyendo pueblos indígenas”.
La Comisión de Normas Transitorias de la Convención Constitucional también dio su visto bueno a la instauración del quórum de 2/3 para concretar reformas constitucionales hasta 2026; la prohibición para que el Presidente Gabriel Boric pueda lograr la reelección inmediata y el deber del Parlamento de decidir los nombramientos de cara a los organismos generados por la nueva Constitución hasta 2026.