Consentimiento Indígena: el flanco que dejó abierto la Convención Constitucional en su último pleno

El martes fue el último pleno de la Convención Constitucional y en ella se votaron varias de las indicaciones faltantes que venían de la comisión de Armonización. Las iniciativas, que se votaron en bloque para no atrasar los tiempos ni tener que continuar las votaciones más allá de los plazos indicados, tenían que ver con diversas materias. Una de las más contenciosas era el Consentimiento Indígena. 

Originalmente la norma estaba pensada para que los Pueblos Originarios tuviesen que ser consultados frente a cualquier materia que el Estado quisiera intervenir en sus territorios, dando así un poder de autonomía a los integrantes de las distintas etnias. Es su redacción original, la norma dicta: “Los pueblos y naciones preexistentes al Estado deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución”.

Sin embargo, tras pasar por la comisión de Armonización, el estatuto quedaba más abajo en el ordenamiento y hacía referencia principalmente a las entidades territoriales. Su re escritura decía: “Deberán promover, fomentar y garantizar los mecanismos de participación en las políticas públicas, los planes y los programas que se implementen en cada nivel territorial, en los casos que esta Constitución, la ley y los estatutos regionales señalen. Los pueblos y naciones indígenas deben ser consultados y otorgar el consentimiento previo, libre e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten”.

Esto porque, en su votación original, existieron quienes consideraban que el planteamiento original funcionaba en la práctica como una especie de veto de parte de los representantes de los pueblos sobre el Estado. 

Normativa no fue modificada por el Pleno

En la votación de ayer, por 95 votos a favor, 23 en contra y 10 abstenciones, la nueva propuesta fue rechazada por integrantes de Chile Vamos, algunos del colectivo Apruebo y de escaños reservados. Uno de ellos fue Eric Chinga, representante diaguita, quien argumentó que se había abstenido de votar porque consideraba que la norma que había surgido originalmente era mejor que la armonizada. 

“Esto es muy interpretativo, pero pensamos que estaba mejor como salió del pleno. Sobre la interpretación, en el caso del consentimiento lo plantea el convenio. Nosotros mantuvimos que no era un tema que tuviese que ver con la consulta a realizarse, sino que estaba mejor en la original, que además tiene mayor prevalencia”, dijo Chinga a EL DÍNAMO.

Reconoce que existe cierta ambigüedad en la forma en que la norma será planteada al momento de entregarla el próximo lunes 4 de julio, pero confía en que esa interpretación será justa. “La interpretación se va a dar dentro de un marco de derecho, así que se va a ajustar sobre lo que la misma norma establece sobre lo que es el consentimiento informado. Todo esto va a ser hecho dentro del marco que nosotros mismos hemos creado dentro de esta Constitución, por lo que los jueces tendrán un marco claro dentro del cual actuar”, afirmó. 

Un poder muy amplio, según Cozzi

Sin embargo, no todos comparten su visión. Representantes de Chile Vamos ven en esta iniciativa como una forma de poder de parte de los pueblos indígenas que no sería equitativa con el resto de la población. Uno de sus opositores, Ruggero Cozzi (RN) aseveró que la forma en la que está planteada implica un poder muy amplio. 

“En principio, las comunidades indígenas podrían oponerse al otorgamiento de permisos de construcción o concesiones en sus territorios históricos, también podrán oponerse a la promulgación de leyes o reformas constitucionales, y en fin, trabar cualquier medida que afecte sus derechos -insisto: eso es muy amplio- argumentando que no han dado su consentimiento. Otra duda que surgirá es quién o qué órgano de las comunidades indígenas debe prestar el consentimiento”, afirmó. 

Además, Cozzi no ve con buenos ojos que sea la labor de los jueces el interpretar la norma y dar soluciones en base a ella. “La interpretación que hagan los tribunales podría ampliar o restringir su ámbito de aplicación, pero sin duda abrirá un enorme espacio para judicializar el desarrollo de proyectos de inversión y bloquear leyes o reformas constitucionales, con todas las consecuencias para el desarrollo económico y social que ello significa. Es una de las normas que presenta más problemas de todo el borrador, creo que será causa de muchos dolores de cabeza, y le da un poder de negociación gigantesco a los pueblos indígenas”.

Tras la votación, la norma quedó en su forma original plasmada en el proyecto de nueva Constitución, el cual será presentado al presidente Boric el próximo lunes 4 de julio.