Con votos en contra del FA y PC: Cámara aprueba proyecto que exige a partidos renunciar a la violencia política
La propuesta presentada por la UDI. que había sido rechazada en noviembre de 2020, fue despachada con los 89 votos exactos para el quorum exigido.
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto presentado por la bancada de la UDI, que busca que los partidos políticos renuncien expresamente al uso de la violencia.
La iniciativa había sido presentada en noviembre de 2020, siendo rechazada. En esta oportunidad la moción alcanzó los 89 votos a favor -quorum exacto exigido al tratarse de una ley orgánica constitucional-, 21 en contra y 28 abstenciones.
El oficialismo se mostró dividido frente al proyecto. Diputados del Frente Amplio (FA) y del Partido Comunista (PC) como Luis Cuello, Lorena Fríes, Karol Cariola, Carmen Hertz y Tomás Hirsch votaron en contra, mientras que los socialistas Daniella Cicardini, Tomás de Rementería y Leonardo Soto, entre otros, se abstuvieron.
De acuerdo a lo informado por el sitio oficial de la Cámara, la norma modificó dos secciones de la Ley orgánica constitucional de Partidos Políticos. Una de ellas es la que describe las características de los partidos políticos. Asimismo, habla sobre sus actividades propias y su ámbito de acción.
En este marco, una de las disposiciones vigentes indicó que estas entidades deberán contribuir al fortalecimiento de la democracia. De igual modo, apoyar el respeto, garantía y promoción de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales ratificados, vigentes en Chile y en las demás leyes.
El texto aprobado agregó la obligación de renunciar expresamente al uso de la violencia. Asimismo, a la propugnación o incitación a ella, en cualquiera de sus formas, como método de acción política. Junto a lo anterior, se instó a cumplir con el respeto de los principios básicos del régimen democrático y constitucional.
Luego, se explicitó qué se entenderá por ejercer violencia. Ello apunta a acciones públicas o el uso de otros medios de difusión pública que inciten directamente a la violencia. Esta podrá ser en cualquiera de sus formas y en contra de una persona, un grupo de personas o de un miembro de tal grupo.
Tras esta aprobación, la propuesta deberá pasar por un segundo trámite legislativo en el Senado.
