Ministra Siches responde a acusación constitucional en su contra: acudirá a la cuestión previa

A través de un documento de 158 páginas, la ministra del Interior, Izkia Siches, respondió a la acusación constitucional que presentó un grupo de diputados del Partido Republicano asegurando que comprometió “el honor de la Nación, infringir la Constitución y las leyes y haber dejado éstas sin ejecución”.

La autoridad acudirá a la cuestión previa, que en caso de ser aprobada, dejará sin efecto la acusación.

En el primer capítulo, sobre el retiro de 139 querellas por la Ley de Seguridad Interior del Estado que se presentaron en el contexto del estallido social, precisó que “a pesar de que interponer querellas basadas en la Ley de Seguridad del Estado es una facultad de uso excepcional y en ningún caso una obligación, la decisión de retirarlas, cuestión que se encuentra expresamente reconocido en la ley, está suficientemente fundada”.

En el documento explicó que “el principal órgano encargado de proteger y promover los Derechos Humanos en el continente, la CIDH, hizo una recomendación explícita a Chile, de evitar usar la Ley de Seguridad del Estado indiscriminadamente”. 

Además, indicó que “las manifestaciones sociales acaecidas desde octubre de 2019 dejaron un saldo preocupante de personas detenidas y privadas de libertad, sin juicio previo; y en a lo menos 139 casos, debido a su menor gravedad y afectación a la seguridad del Estado, no se vislumbraron motivos plausibles para hacer aplicable la Ley de Seguridad del Estado”.

Temucuicui y Wallmapu

El segundo capítulo de la acusación constitucional apunta a que Izkia Siches no presentó una querella luego de que ella junto a su comitiva fueran atacados en Temucuicui. Sobre esto, afirmó que “no existe tal cosa como un deber de presentar querellas por parte de esta ministra del Interior y Seguridad Pública”.

Aún así, aseguró que se dio cuenta de los hechos a Carabineros y “concurrieron al lugar el fiscal de turno del Ministerio Público, personal del OS9 de Carabineros, personal del Departamento de Criminalística de Carabineros de Chile (LABOCAR) y el Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos de Carabineros de Chile”.

En cuanto al tercer capítulo, que apunta al uso del término “Wallmapu”, que generó un conflicto con Argentina, la contestación apuntó a que con las aclaraciones de la ministra Antonia Urrejola y la exitosa gira que tuvo el presidente Gabriel Boric, dejaron en claro “la inexistencia de un “impasse político y diplomático”.

El cuarto capítulo de la acusación se refiere a la denuncia que hizo Izkia Siches respecto de un avión que debía expulsar del país a migrantes y que habría vuelto al país con todos sus pasajeros al interior, aseguró que no hubo vulneración a la probidad porque “esta ministra entregó información teniendo fundamentos para ello”. 

“No ha sido nunca mi intención declarar falsedades, ni menos esa conducta ha sido persistente, reiterada o habitual, como han pretendido la y los autores de la acusación”, consignó.

Aún así, reconoció que hizo afirmaciones “con información equívoca o imprecisa cuyo origen se debió a desprolijidades que no me fueron imputables en absoluto. En efecto, esta información fue rectificada públicamente, tan pronto tuve conocimiento del equívoco”.

Migración, Estado de Excepción y Llaitul

Sobre poner comprometer la situación migratoria en el norte, en el quinto capítulo de la acusación constitucional, Izkia Siches aclaró que las expulsiones son responsabilidad del Poder Judicial.

“Esta ministra de Estado dispone de un margen de acción para adoptar las decisiones de dirección política, de acuerdo con los lineamientos de S.E. el Presidente de la República. Pero la implementación de la política -como, por ejemplo, mediante la expulsión de extranjeros en los casos que corresponde- no es una cuestión que esté dentro de sus competencias”, precisó.

Sobre la implementación “tardía, insuficiente y acotada” del Estado de Excepción en la Macrozona Sur, en el capítulo sexto, manifestó que “las consecuencias del conflicto en la zona sur no pueden ser atribuidas a una sola persona, ni menos aún, a esta ministra del Interior y Seguridad Pública”.

Por último, en el capítulo séptimo, respecto a no presentar una querella en contra del integrante de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, tras su llamado a la “resistencia armada”, la contestación de Siches aseveró que “es claro que el Ministerio Público es el órgano constitucional encargado de la persecución y ejercicio de la acción penal, siendo este el encargado de la investigación de los delitos”. 

“Así, no corresponde al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en general, ni a la ministra del Interior y Seguridad Pública, en particular, perseguir ni investigar determinados delitos”, concluyó, según lo informado por Meganoticias.