Inician acción ante Contraloría por compra con trato directo de ejemplares del borrador de la nueva Constitución
Un grupo de abogados pidió a la entidad fiscalizadora que estudie el gasto de más de $400 millones para la impresión de los textos.
La impresión de 900 mil ejemplares de la Nueva Constitución por parte del Gobierno derivó en una denuncia en Contraloría AGENCIA UNO/ARCHIVO
La aprobación de un gasto de más de $400 millones de parte de la Secretaría General de la Presidencia, para la impresión de 700 mil ejemplares del texto de propuesta para una nueva Constitución, motivó a un grupo de abogados a pedirle a la Contraloría que investigue el accionar del gobierno, por presunto intervencionismo electoral, de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre.
Los juristas aducen que la compra por trato directo no corresponde, pues ésta sólo es posible para casos de emergencia o imprevistos, que es justamente la explicación que dio la Segpres para justificar la compra.
“Hay una preocupación grande respecto de la legalidad del gasto. Hemos estimado una serie de situaciones complejas, como por ejemplo que se asigna la partida presupuestaria a un órgano que constitucionalmente no existe desde el momento que la Convención termina sus sesiones”, explicó Marcelo Brunet, portavoz del grupo de abogados que impulsa la moción.
“Este gasto no está dentro de las atribuciones de la Secretaría General de la Presidencia”, acotó igualmente Brunet, en declaraciones que reproduce radio Biobío. “Lo más preocupante esque todo esto se hizo en forma de trato directo, lo que a nuestro juicio corresponde a una situación de ilegalidad”, enfatizó.
El Gobierno, a disposición
Consultada sobre este tema en una pauta de prensa en Puente Alto, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, explicó que la administración que lidera el presidente Gabriel Boric seguirá impulsando la campaña para propiciar el voto informado de la ciudadanía, al tiempo que se pondrá a disposición de la Contraloría.
“Estamos preocupados de poner a disposición de las personas el texto completo. Queremos que la gente vote informada. Todo eso está en regla y va a seguir”, dijo la ministra. “Vamos a colaborar con Contraloría, que está haciendo su trabajo. Ellos en su momento deberán pronunciarse. Lo que nos corresponde a nosotros ahora es seguir con esta campaña y colaborar con ellos”, añadió.
“Tenemos el deber de comunicar a la gente. Nadie puede pedir plazos, porque la Contraloría tiene su normativa. Quisiéramos que esto se despeje lo antes posible, pero respetamos los plazos” del ente fiscalizador, cerró la secretaria de Estado.
