Siches descartó delitos o intervencionismo tras querellas por impresión de textos constitucionales
La ministra del Interior respondió a las acciones presentadas por la oposición, las que serán investigadas por la Fiscalía por el eventual delito de malversación de caudales públicos.
La ministra del Interior, Izkia Siches, negó que el Gobierno haya incurrido en algún delito o en intervencionismo electoral con la impresión y entrega de casi 700 textos de la propuesta de nueva Constitución, que será sometida a un plebiscito de salida en 4 de septiembre.
Tras la reunión habitual de evaluación por el estado de excepción en la Macrozona Sur, la jefa de gabinete fue consultada por las querellas presentadas por el diputado republicano Juan Irarrázabal y el abogado RN Marcelo Brunet, por el eventual delito de malversación de caudales públicos, el que será investigado por la Fiscalía.
“Sin duda, siempre estamos disponibles a poder entregar la información que sea solicitada por el Ministerio Público, cualquier información frente a ello. Cualquier información frente a ello, sin duda como Gobierno estaremos disponibles a contribuir y colaborar con las investigaciones que se realicen”, respondió la secretaria de Estado.
La autoridad añadió que “hemos estado trabajando con los distintos ministerios, que están capacitados para poder informar a la población, hacer el proceso lo más tranquilo, hacer un llamado transversal a un ánimo de diálogo y esperamos que ese sea el tenor de la discusión en torno a las investigaciones”.
Siches reiteró además que “estamos tranquilos en esa materia, hemos cumplido con todas las ordenanzas y también con lo que nos hemos comprometido, informar a la población de forma objetiva con el texto íntegro”.
Por el fondo de las acusaciones presentadas por la oposición, la ministra del Interior planteó que “para nosotros no hay ningún delito, ninguna intervención, sino más bien un rol activo del Gobierno, siendo que somos la única entidad que está contribuyendo a esta materia. Esperamos que se comprenda este rol”.
Las querellas fueron admitidas por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, lo que llevó a que el Ministerio Público tomara el caso.