Contraloría inició procedimiento disciplinario contra municipio de Quilpué tras denuncia por intervencionismo
El organismo respondió a una acusación presentada por el diputado Andrés Longton (RN) en contra de la municipalidad liderada por la alcaldesa Valeria Melipillán (CS).
La alcaldesa de la comuna, Valeria Melipillán (CS), fue acusada por un video que se compartió en las plataformas del municipio. AGENCIA UNO/ARCHIVO
La Contraloría General de la República (CGR) instruyó un procedimiento disciplinario en contra del municipio de Quilpué, liderado por la alcaldesa Valeria Melipillán (CS), por una denuncia de intervencionismo electoral por el plebiscito de salida del 4 de septiembre.
La acusación, que fue presentada por el jefe de la bancada de RN, el diputado Andrés Longton, apuntó a un eventual uso de recursos públicos luego que se difundiera – en la cuenta de Facebook de la Corporación Municipal- un video de la jefa comunal en donde anunció la creación de la Oficina Constituyente de la comuna, llamando directamente a apoyar al Apruebo.
“El Gobierno, las autoridades y los funcionarios públicos deben comprender que representan a todos sin exclusión, y que los recursos públicos son para gastarse en las necesidades de las personas, y eso lo determina la ley, no ellos a discreción”, expresó el diputado.
El organismo fiscalizador indicó que instruirá un procedimiento disciplinario para indagar eventuales responsabilidades administrativas y ordenó a la autoridad ajustar su actuar a lo establecido en los decretos sobre procesos electorales.
En cuanto al eventual uso de recursos públicos, Longton señaló que “lo que hicieron es de suma gravedad, principalmente porque asumen que pueden actuar al margen de la ley y gastar recursos públicos en una campaña política, lo que es un menoscabo a las familias de Quilpué y El Belloto, que conviven con necesidades que son una prioridad, y que ahora tienen que ser testigos impotentes de este despilfarro de dinero para satisfacer una mezquina ganancia política”.
En paralelo a esta resolución, la Contraloría mantiene su investigación especial, la que surgió tras las denuncias presentadas por la oposición, y que busca determinar el posible uso de recursos públicos de parte del Ejecutivo en la campaña electoral. La Fiscalía también abrió una indagatoria por la impresión de casi 700 mil ejemplares de la propuesta constitucional.
