Caso Llaitul: la declaración de la Convención Constitucional que pedía retirar querellas por Ley de Seguridad del Estado

Este miércoles se logró la detención del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, en un procedimiento se que concretó tras la ampliación de una querella por Ley de Seguridad del Estado (LSE) presentada en 2020, en donde se incluyeron los delitos de robo de madera, usurpación y atentado contra la autoridad.

El uso de esta ley fue tema de debate en el propio Gobierno, que inicialmente había evitado presentar acciones legales por las declaraciones del vocero de la organización radical, que había alertado por posibles nuevas acciones violentas en la Macrozona Sur.

Durante un debate en T13, el ex convencional Fuad Chahín (DC) fue consultado sobre las consecuencias de este arresto y un posible beneficio al Apruebo o al Rechazo de cara al plebiscito de salida del 4 de septiembre.

“No hay que sacar un cálculo con esto. Creo que aquí se demuestra una inconsistencia. Hoy día está preso Héctor Llaitul porque hubo una querella el año 2020 por la Ley de Seguridad del Estado, la misma ley que hoy día este Gobierno se niega a aplicar”, expresó.

Tras esto, el ex presidente de la DC comentó que “además Fernando Atria, cuando era convencional, el 8 de julio del año 2021, lo que hizo fue firmar una declaración, que aprobó el pleno, en que entre otras cosas, pedía que se desistiera todas las querellas por Ley de Seguridad del Estado”.

“Entre esas querellas que estaban ahí vigentes está la que justamente ha permitido hoy día la captura de Héctor Llaitul. Por lo tanto, a mi juicio, esa actitud condescendiente con la violencia, terrorismo y ese tipo de prácticas. La misma declaración en que se pedía la libertad a los presos de la revuelta es la que Fernando firmó el 8 de julio el año 2021 para pedir que se levantara la querella por Ley de Seguridad del Estado que permitió hoy día la captura de Héctor Llaitul”, añadió.

La declaración de los convencionales

El documento al que aludió Chahín fue firmado a mediados de 2021, pocos días después de la instalación de la Convención, y tenía el respaldo de constituyentes de grupos de izquierda como el Frente Amplio, el Colectivo Socialista y el Partido Comunista.

En el escrito, que fue publicado por Ex-Ante, se pedía también aprobar el indulto para los llamados “presos de la revuelta”, ampliar el indulto para los denominados “presos políticos” mapuches y “el retiro de todas las querellas interpuestas por Ley de Seguridad del Estado”.

“La Convención, sin pretender interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado, tiene la responsabilidad política de pronunciarse frente al país en relación con estas situaciones contingentes que, claramente, contravienen el espíritu que guía su trabajo: asentar un camino de paz y justicia social para todas y todos los habitantes de nuestra comunidad política”, afirmó el acuerdo.

Los convencionales solicitaron la “inmediata desmilitarización del Wallmapu, así como la anulación de la medida que aumenta el presupuesto para la represión del territorio mapuche. Que el indulto, en el caso de las Regiones del Bio Bio, Araucanía, Los Lagos y Los Ríos sea aplicable desde el año 2001 para los presos políticos mapuche”.

Junto con esto llamaron a “la aplicación directa y obligatoria del Convenio 169 en lo relativo al conocimiento de situaciones calificadas de delitos y que constituyan ejercicio de derechos territoriales, culturales, y políticos y a la aplicación preferente y obligatoria de penas distintas a la privación de libertad”.

En cuanto a la LSE, se pidió el retiro de todas las querellas interpuestas bajo esta normativa, además del avance de una ley de indulto para los detenidos del estallido social.