Diputado Ibáñez (CS) acusa “soberbia” de la oposición en diálogo constituyente

El diputado Diego Ibáñez (CS) acusó “soberbia” por parte de la oposición tras el lento avance de las negociaciones para avanzar en un nuevo proceso constituyente, tras el fracaso de la propuesta de la Convención Constitucional en el plebiscito de salida.

Durante el jueves, los representantes de los partidos políticos se volvieron a reunir, en una jornada marcada por la creación de una “mesa coordinadora paralela” y la salida del Partido Republicano de las conversaciones.

Uno de los principales temas que bloquea el acuerdo es la definición del “Estado Social y Democrático de Derecho”, que es defendida por los sectores de centroizquierda e izquierda, pero que genera dudas desde la derecha, que busca incorporar el concepto de “libertades”.

En una entrevista a Radio ADN, Ibáñez -quien representa a su colectividad en las negociaciones- manifestó que “hay quienes quieren meter sus ideas y su modelo de sociedad en lo que sería el principio del próximo proceso constituyente, y eso me parece un poco tramposo, ya que la nueva Constitución debe ser neutral, para que en el futuro un gobierno, sea de izquierda o de derecha, pueda llevar a cabo sus programas”.

El integrante del Frente Amplio (FA) también acusó a la derecha de actuar con “soberbia” tras el triunfo del Rechazo en el plebiscito.

“Esa soberbia que se vio en el proceso anterior, y que a mi juicio hace fracasar la apuesta del Apruebo, ahora lo está haciendo la derecha. Creo que se sienten dueños del 62%, y la justificación que dan para imponer sus términos es que como ellos ganaron, hoy quieren imponer sus propias ideas”, expresó.

Ibáñez aseguró además que “la derecha emitió un documento antes del plebiscito donde estaban a favor de un Estado Social y Democrático de Derecho. Resulta que ahora no, y lo cuestionan”.

“Hay una crítica que se hace a la Constitución de 1980, que es el principio de subsidiariedad, donde se da la lógica de que los privados tengan la primera prioridad a la hora de ofrecer servicios, y el Estado tiene la segunda prioridad. Y cuando el privado no quiere o no puede, ahí entra el Estado a ofrecer un servicio que constituye un derecho social”, complementó.

A pesar de este nudo establecido por el FA, distintos actores políticos plantearon que las conversaciones iban por buen camino. De hecho, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (PPD), dijo que “hay un avance del 80%” en los bordes del nuevo proceso.