PDLG ad portas de presidir la Cámara y oposición inicia estudio de méritos para de acusación constitucional contra ministros del Gabinete

Con la casi segura caída de la diputada Karol Cariola (PC) de la carrera para presidir la Cámara de Diputados, en las últimas 48 horas en el oficialismo emergió lo que semanas atrás algunos bautizaron como “una suma de todos los miedos”, en medio del debate por el clima de inseguridad y las negociaciones del proceso constituyente

Con la prácticamente segura pérdida de presidencia de la Cámara  y el acuerdo en el Senado para que sea el legislador Juan Antonio Coloma (UDI) la nueva segunda autoridad política del país, tras el término del periodo de Álvaro Elizalde (PS), el bloque de gobierno perdería el control administrativo del Congreso el próximo año.

La pérdida de ambas presidencias es un duro golpe para los partidos de Gobierno, ya que se producirá cuando en 2023 se definirán las discusiones legislativas de las principales reformas programáticas del presidente Boric, entre ellas la reforma tributaria, la de pensiones, de salud y una serie de medidas anti delincuencia.

A eso se agregó, que, en diversas reuniones informales de los parlamentarios por los pasillos del Congreso, comenzó a cobrar fuerza la posibilidad de que surjan acusaciones constitucionales contra ministros del gabinete de Boric en los próximos 6 meses.

Según explican en el Socialismo Democrático, así como también entre los representantes del Partido de la Gente (PDLG) y en Chile Vamos, la oposición retomó con énfasis dos estudios para evaluar los méritos de una acusación constitucional contra la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y —aunque con menos convencidos— otro informe en derecho para considerar la aplicación de esta misma herramienta constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, por su desempeño en los meses a cargo de Segpres.

Las nuevas cartas para presidir la Cámara

Uno de los escenarios que emergió como probable en las últimas 48 horas, explican en el Legislativo, es qué sea un representante del Partido de la Gente quien llegue a la presidencia de la Cámara apoyado por sectores de la DC, y la oposición.

Por los pasillos que unen la Cámara con el Senado en Valparaíso, quienes sonaron con fuerza en la última semana son los legisladores del PDLG, Víctor Pino, Karen Medina y Yovana Ahumada. Los tres, en conversaciones con sus pares de otras colectividades, han deslizado que de mantenerse el clima de inseguridad y lentitud en respuestas a las demandas de la ciudadanía no tendrán inconvenientes en “usar todas las herramientas disponibles para fiscalizar al Ejecutivo”.

“Siempre que se trate de una acusación constitucional, la analizaremos muy bien porque la idea es que no sea una más. Y claro, estas se deben consensuar entre todos en la bancada. Pero por ahora no lo hemos hablado en la bancada”, sostuvo la diputada Yovana Ahumada, jefa de bancada del PDLG a EL DINAMO

Junto con la nueva composición de la presidencia de la Cámara, explican, habría además una re-configuración de las negociaciones para las presidencias de las comisiones permanentes de la Cámara, cuyas primeras aproximaciones tendrán lugar la próxima semana.

Y si bien en el Gobierno todavía no descartan “un milagro” para un acuerdo que les permita mantener la testera de la Cámara en manos de algún representante de Apruebo Dignidad, en los partidos no hay optimismo.

El fantasma de la acusaciones contra el Gabinete

En paralelo a las negociaciones opositoras, un grupo de diputados de Chile Vamos, con el apoyo de abogados constitucionalistas, comenzaron a buscar méritos legales para una acusación constitucional contra la ministra de Justicia, Marcela Ríos.

En la derecha arman un libelo contra Ríos, pero también han reflexionado, sí además la herramienta constitucional amerita también ser usada contra otros sectarios de Estado. Según explican se revisó y descartó que hubiera mérito para una ofensiva contra la canciller Antonia Urrejola a raíz de la postergación en la ratificación del TPP 11.    

En la ofensiva se han coordinado las bancadas de RN, la UDI y Evópoli y han sumado a un grupo de expertos constitucionalistas. En el caso de la ministra Ríos, es cuestionada por una serie de situaciones en su cartera. La principal una serie de incidentes en Gendarmería, una de ellas traslados de reos mapuches en La Araucanía y amenazas contra tres alcaides en distintos centros penitenciarios.

“El caso de la ministra Ríos está siendo revisado, hemos solicitado antecedentes a Contraloría, a Gendarmería y creemos que hay elementos graves que han ocurrido en el sistema carcelario, por lo que una acusación es una posibilidad que se estudia. Jackson se salvó de una acusación hace un par de meses por un informe de Contraloría, pero en Justicia la situación es más delicada”, aseguró a EL DÍNAMO uno de los diputados encargados del libelo contra Ríos.

Sobre Jackson no hay una postura única. Esta semana se comentaba en Valparaíso que la situación de inseguridad ciudadana también obedecía a una falta de tramitaciones legislativas en la materia anti delincuencia que, consideran, tuvo responsabilidad  la Segpres durante los primeros seis meses del Gobierno, cuando el titular de la cartera era Jackson.

De hecho, en pasado ya se había explorado la aplicación de la herramienta constitucional. Los legisladores de oposición explicaron que esta posibilidad pasa por la eventual responsabilidad que Jackson habría tenido en el aumento de la delincuencia en el país con la falta de una agenda legislativa adecuada en esa materia en el Congreso.