Monsalve no descarta aplicar Ley de Seguridad del Estado por camioneros que siguen en paro

El ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, no descartó que el Gobierno invoque la Ley de Seguridad del Estado en contra de los camioneros del norte del país que mantuvieron el paro, desconociendo el principio de acuerdo que alcanzó el Gobierno con el gremio.

Algunos grupos de dueños de camiones -en su mayoría pequeños- se distanciaron del diálogo establecido por el Ministerio de Hacienda con la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC) y la Federación Gremial Nacional de Buses del Transporte de Pasajeros, que fijó algunos puntos de entendimiento, especialmente en temas de seguridad y costo de los combustibles.

Monsalve se refirió a la continuidad de la movilización y expresó que “esto afecta la vida de los chilenos, y como lo hemos dicho en todas las situaciones desde que se inició el Gobierno, el Gobierno va a ocupar todas las herramientas que le da el Estado de Derecho para proteger el normal funcionamiento del país”.

“Si eso implica usar la Ley de Seguridad del Estado, el Gobierno va a usar la Ley de Seguridad del Estado”, advirtió.

El ministro (s) expresó que el sector camionero es “un grupo de interés al cual un Gobierno le ha contestado, ha puesto una cantidad de recursos cuantiosos, no tiene fundamento hoy para alterar el normal funcionamiento del país”.

Monsalve compara recursos para camioneros con la PGU

Manuel Monsalve fue más allá y afirmó que los cuantiosos recursos comprometidos con los camioneros -especialmente la estabilización del precio del diésel por tres meses– son comparables a los gastos asociados a la implementación de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

“El esfuerzo que se está haciendo para paliar el alza del costo de los combustibles es de igual magnitud que el pago de la Pensión Garantizada Universal a más de dos millones de chilenos, esa es la magnitud del esfuerzo”, expresó.

En este sentido, la autoridad detalló que los subsidios a los combustibles implican un gasto fiscal de 6.000 millones de dólares, mientras que la PGU contempla unos 6.800 millones de dólares al año.

El llamado de la CPC a deponer el paro

Ante la continuidad del paro de camioneros en la zona norte, desde la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) – a través de una declaración pública- se refirieron a los perjuicios que conlleva dicha situación, a la vez que hicieron un llamado a deponer la movilización.

Desde la CPC afirmaron que entienden el contexto de inseguridad que viven los transportistas, -frente a lo cual señalaron que se requiere de una acción urgente y decidida del Gobierno y de los órganos del Estado correspondientes-, así como también las dificultades que atraviesa el sector debido a las alzas de los combustibles, un punto que ha sido escuchado por el ministro de Hacienda, quien ha hecho importantes esfuerzos por alcanzar un acuerdo. No obstante, ‘’ninguna de estas situaciones justifica el paro convocado por la Confederación de Transportistas Fuerza Norte y otras organizaciones, que hoy entró en su tercer día”, aseguraron.

 ‘’En un Estado de Derecho, bajo ninguna circunstancia se puede vulnerar el derecho de todos a transitar libremente por las carreteras, con todos los perjuicios que ello trae al normal funcionamiento del país. Cabe destacar, por ejemplo, que hoy está en serio riesgo el suministro de combustible y otros insumos críticos en diversas faenas mineras del Norte Grande, afectando seriamente la operación de la industria, con graves consecuencias para las empresas, los trabajadores y la comunidad. Asimismo, en diferentes puntos hay camiones detenidos con alimentos perecibles, poniendo en peligro el trabajo de pequeños y medianos productores que tendrán pérdidas millonarias arriesgando todo un año de cosecha”, añadieron desde la CPC.

De igual manera, desde la Confederación de la Producción y del Comercio instaron a los líderes de los camioneros a ‘’tomar conciencia y abandonar esta movilización que atenta contra el Estado de Derecho y que hoy afecta a amplios sectores de la sociedad, y a retomar un diálogo constructivo que permita avanzar en un pronto y definitivo acuerdo entre las partes. Con un paro ilegal no se soluciona el tema de fondo”, agregando que ‘’llamamos también al Gobierno a usar la fuerza pública para desbloquear las carreteras, mantener el libre tránsito y restablecer el estado de Derecho”.

Asimismo, desde la CPC manifestaron estar disponibles para colaborar en el perfeccionamiento del actual acuerdo y participar en la supervisión de su respectivo cumplimiento.